La Ley de Acceso a la Información Pública entró en vigencia a partir de hoy, sin embargo varias entidades obligadas a acatar la normativa ya han mostrado deficiencias para su cumplimiento, incluidas las dependencias del Ejecutivo y municipalidades.
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La ley demanda a las entidades públicas y privadas que manejan, administran o ejecutan recursos públicos a aplicar políticas de transparencia y hacer pública la información de su administración.
Para ello, las instituciones deben crear unidades de información o instancias que permitan agilizar la transferencia de información a la ciudadanía que la solicita a través de consultas personales, por medios escritos o electrónicos.
El vicepresidente Rafael Espada informó que el avance del Organismo Ejecutivo -que incluye ministerios y secretarías de la Presidencia- para el cumplimiento de la ley es de 85.9%%.
Entre las entidades con menor porcentaje de avance se encuentran los ministerios de Salud, Ambiente, Trabajo, y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
Por otro lado, Espada manifestó su preocupación por el retraso que muestran un gran número de municipalidades en la instalación de las unidades de información, las cuales ya deberían estar funcionando.
AUDITORíA SOCIAL
La Ley de Acceso a la Información reconoce al menos 35 categorías de entidades que están obligadas entregar información a la población, a excepción de la confidencial y reservada.
Los fideicomisos, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas que administran fondos públicos forman parte de las entidades que deben rendir cuentas.
Para Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, la entrada en vigor de la normativa significa que la población contará con una herramienta de auditoría social que le permitirá participar activamente como supervisor del Estado.
DESACUERDO
El primer desacuerdo en torno a la iniciativa se dio entre Espada y el presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, Rubén Eliú Higueros, quien sostiene que la información de los trabajadores del Organismo Judicial debe ser analizada, antes de presentarla públicamente.
El Vicepresidente indicó que no compartía la postura de Higueros en torno a la transparencia institucional, al tiempo que la información debía ser pública para todos.
Con atrasos los empleados del Congreso trataban de terminar a tiempo el acondicionamiento del local que albergará la oficina de Libre Acceso a la Información, la cual tenía previsto inaugurar el presidente del Congreso a las 11 horas, tiempo en el que no había terminado la construcción.
Los encargados cargaron con mobiliario y equipo para tenerlo ubicado y conectado a tiempo para la fotografía del día, sin embargo, fue evidente que se inició tarde el proyecto y que es una oficina de tal naturaleza que llega rezagada con respecto a la ley que entró en vigencia.