Es necesario en todo el país organizar el primer taller nacional de estrategias para el combate al acoso escolar o bullying, orientado a los niveles de educación primaria, básica y media superior; reunir a  directores, profesores, madres y padres de familia de las instituciones educativas oficiales y privadas con el objeto de  alertar a la comunidad educativa sobre los peligrosos niveles que el acoso escolar está alcanzando y acercarles medios y herramientas para prevenirlo o erradicarlo.

El impacto del acoso escolar en los jóvenes es catastrófico, pues genera daños de todo tipo: psicológico emocional, físico directo o indirecto, sexual, verbal o más reciente, pero no menos grave, a través de las tecnologías de la información y comunicación.   Lo más lamentable es que muchos padres y madres de familia ignoran por completo las situaciones que viven sus hijos dentro y fuera de sus escuelas, sujetos a una diversidad de agresiones y que no expresan principalmente por temor a más daños o a la burla de los demás.

A esta iniciativa ciudadana puede sumarse el esfuerzo gubernamental y de la sociedad en general, puesto que la tarea no es sencilla: se debe informar a las familias sobre la existencia de este violento fenómeno social, identificarlo en sus hijos –sean agresores o agredidos,  orientarlos y a su vez, apoyarlos.
 
En las escuelas, los maestros son la herramienta indispensable para combatir el acoso; desde luego, evitando ellos mismos conductas o presiones indebidas y con mayor razón, impidiendo y no tolerando las agresiones entre alumnos. Se sabe de escuelas en que los propios maestros son las víctimas de agresiones personales y daños en sus vehículos por grupos de estudiantes.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe proporcionar apoyo con sus dependencias orientadas a la salud y desarrollo integral de la familia, para atender a víctimas o agresores que requieran cuidados u orientación médica y psicológica. Desde luego, las instituciones de Seguridad Pública (Ministerio de Gobernación) y de procuración e impartición de Justicia (Juzgados de la Niñez, de Menores en Riesgo) deben establecer procedimientos ágiles para prevenir e intervenir cuando se presenta el acoso.

Este conjunto de acciones, deberá enmarcarse en un ordenamiento jurídico uniforme y sistemático que coordine los sectores público y privado con principios tales como el respeto a la dignidad humana,  prevención de la violencia, no discriminación, perspectiva de género,  pluriculturalismo y reconocimiento de la diversidad.

Los guatemaltecos debemos contar pronto con una ley contra el acoso escolar o bullying que resalte el interés y preocupación de todos por evitar toda forma de violencia en las escuelas, lo que sin duda, redundará en la pacificación general de la sociedad, de la que hoy estamos en ayunas.