En Guatemala, con el sistema polí­tico orientado al beneficio de los financistas de campaña, es más que urgente cualquier esfuerzo que se haga contra la corrupción y por ello sorprende la actitud de la titular de la Contralorí­a de Cuentas al simplemente objetar la iniciativa pretextando que ya existe una entidad, la que ella dirige, con funciones para fiscalizar el uso de los recursos públicos.

Y es cierto que formalmente tenemos una Contralorí­a de Cuentas, pero la misma es la más inútil de todas las cacharpas que hay en el Estado porque los grandes negocios nunca los huele siquiera. No es casualidad que los contralores de Cuentas terminen siempre apañados con los partidos de gobierno porque se trata de funcionarios que lejos de ser efectivos guardianes de la transparencia, son quienes se encargan de apañar la corrupción. Dios libre a un pobre tesorero municipal del interior del paí­s por un error que cometa en el trámite de un pago, porque a él se le sanciona severamente mientras que el ministro que compra medicinas al financista de campaña no tiene nada que temer porque la Contralorí­a siempre se hará de la vista gorda.

El colmo es que los mismos contralores han admitido que no tienen ni recursos ni personal para realizar su labor fiscalizadora y que no pueden auditar fideicomisos ni contratos amañados que se hacen con entidades no gubernamentales o con organismos internacionales a los que se encarga la ejecución y/o contratación de la obra pública. No hay un pinche informe de la Contralorí­a sobre la forma en que se manejan los distintos fideicomisos porque según ellos el secreto bancario pesa más que el mandato constitucional que obliga a fiscalizar cualquier erogación que se haga de los recursos públicos.

Una Contralorí­a eficiente, celosa de su obligación y responsable del cumplimiento de sus funciones, tendrí­a boca con qué hablar a la hora de que se proponga una Ley contra la Corrupción, pero la de Guatemala que es simplemente la chamarra para tapar a los corruptos, debiera sentir vergí¼enza de poner objeciones a un instrumento legal que pretende que se haga lo que esa entidad no puede ni quiere hacer.

Revisemos la lista de los últimos contralores y veamos dónde están y en qué puestos han terminado. Uno es no sólo empleado de este gobierno sino padre del Secretario General del oficialismo. El otro es candidato a diputado de la UNE y el anterior está preso tras haber ayudado a financiar la campaña del Presidente. ¿Son ejemplos edificantes para que podamos tener confianza en el régimen de fiscalización, auditorí­a y control en el paí­s? La respuesta es demasiado obvia como para seguir argumentando.

Minutero:
Tenemos una contralorí­a 
que ni audita ni porfí­a; 
por eso la corrupción 
es toda una institución