Los productores agropecuarios argentinos decidieron levantar la huelga contra los impuestos a las exportaciones de granos para favorecer el diálogo con el gobierno y hallar soluciones a un conflicto que lleva dos meses, anunciaron ayer los líderes agrarios.
«Hemos decidido levantar la huelga a partir de la medianoche entre hoy y mañana, que consistía en la no comercialización de granos destinados a la exportación», dijo Mario Llambías a la prensa, al término de una reunión de la dirigencia agraria que se prolongó por más de cuatro horas.
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas aclaró que los productores siguen en estado de alerta y que sigue firme la convocatoria a un acto el 25 de mayo en Rosario (300 km al norte).
«Hay que habilitar una instancia de diálogo que permita encontrar soluciones y esperamos que el gobierno ahora no nos defraude», dijo Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria Argentina que reúne a los pequeños y medianos productores.
El dirigente calificó la decisión como «un gesto de racionalidad, de actitud democrática» y anticipó: «mañana o el jueves próximos esperamos estar discutiendo en serio los temas que nos preocupan como las retenciones, la leche, la carne y el trigo».
De manera similar, se manifestaron los representantes de la Sociedad Rural y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, las otras dos entidades que integran la llamada Mesa de Enlace que se puso al frente de la protesta.
La mayor huelga agraria de la historia de la nación estalló en marzo pasado, cuando el gobierno de Cristina Kirchner implantó retenciones (impuestos a las exportaciones) a tasa flotante y en relación proporcional con los precios internacionales.
El objetivo declarado del gobierno fue desalentar el cultivo de soja, que ocupa la mitad de la superficie sembrada del país, con una cosecha de 45 millones de toneladas este año.
Pero los agricultores rechazaron la medida oficial con el argumento de que será puramente recaudatoria, para captar unos 11 mil de los 24 mil millones de dólares en que fue evaluada la cosecha 2008 de la leguminosa.
El gobierno corrigió después el programa impositivo, al otorgar reintegros y subsidios a unos 65 mil de los 70 mil productores sojeros, con el fin de beneficiar a los pequeños y medianos.
Pero los sojeros expresaron su desconfianza de poder cobrar los reintegros, al tiempo que se montaron a la ola de la protesta los productores de leche, carnes, trigo y de otros sectores.
Las últimas conversaciones con el gobierno parecían encaminadas, pero las entidades agrarias volvieron a la huelga al señalar que no aceptarán negociación alguna que no implique cambios en las retenciones.
En los últimos días se evidenciaba cierta fatiga en los productores luego de más de 60 días de protesta, pero también en la ciudadanía que mayoritariamente reclamaba diálogo y racionalidad, según las encuestas.
La Iglesia católica y las mayores centrales empresariales redoblaron ayer la presión para que los productores favorecieran el clima de diálogo.
«En estos momentos de tensión, se hace necesario y urgente que el Gobierno y las agrupaciones representativas del campo lleguen a un acuerdo», expresó el influyente Episcopado católico, liderado por el cardenal primado, Jorge Bergoglio, un ex papable en el último Cónclave del Vaticano.
En la misma sintonía se pronunciaron las principales entidades patronales de la banca, industria y comercio del país, concentradas en el llamado Grupo de los Siete, que exhortaron a poner fin al conflicto.
Argentina exportó el año pasado materias primas agrícolas por unos 30 mil millones de dólares y otros 15 mil millones en productos agroindustriales, pero las ventas se paralizaron a raíz de la protesta de millares de agricultores.