Parece que nuestra condición de Estado Fallido se demuestra, más que en cualquier otra cuestión, con la forma en que nuestra legislación se convierte en letra muerta que nadie toma en cuenta y que no sirve más que para que durante un día o a lo sumo dos, los diputados se puedan sentir hinchados de orgullo por haber logrado algún pírrico acuerdo. La ley contra el Robo de Celulares parece estar tomando la misma ruta que los cambios al Reglamento de Tránsito, es decir, convirtiéndose en un simple legajo más en los anaqueles de las bibliotecas legales, pero sin ningún sentido práctico ni, mucho menos, esperanzas de ser aplicadas como corresponde.

La primera queja formal vino del mismo Congreso, donde ya hay voces que señalan que la Superintendencia de Telecomunicaciones ha incumplido con llevar el registro de celulares robados y hacerlo accesible al público, al tenor de lo que establece la legislación. El argumento es que no tienen la plataforma para hacer públicos los datos y que ni siquiera cuentan con acceso a Internet, por lo que no hay forma de asegurar que el público pueda informarse de la existencia de tal base de datos.

Antes se decía que “hecha la ley, hecha la trampa”, pero ahora no hay ni necesidad de hacer trampa porque las leyes se aprueban, pero nunca cobran fuerza real porque nadie se preocupa de su implementación cotidiana. Los motoristas que durante los primeros días de vigencia de la normativa que les prohíbe zigzaguear cumplieron, pronto se dieron cuenta que nadie castiga a los que incumplen y de esa cuenta los respetuosos de la disposición literalmente se quedaron a la zaga porque quienes la violan se pueden colocar al frente de cualquier fila de carros en los cruceros. Hoy en día apenas una ínfima minoría acata la norma y el irrespeto es generalizado.

Quien tenga alguna duda que se apunte para observar cómo van a implementar el famoso paquete de Leyes de Transparencia, puesto que las mismas fueron aprobadas por los diputados para taparle el ojo al macho y nadie, ni la Contraloría ni el Ministerio Público o la acción de la ciudadanía, hará que se observen las disposiciones porque siempre hay un atajo, una  puerta abierta que asegura la impune piñatización de los recursos públicos.

Creemos que es fundamental que exista una actitud firme de las autoridades para evitar que nuestras normas se conviertan en letra muerta y prueba fehaciente, absolutamente irrefutable, del carácter fallido del Estado guatemalteco. Un Estado incapaz de hacer cumplir sus propias leyes no es frágil, sino totalmente fallido.

Minutero:
Aun con la norma vigente
nunca aparece el castigo
y cualquiera aquí es testigo
del Estado incompetente