Cuando vemos el estado calamitoso al que llevaron a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, hoy en el ojo del escándalo por las terribles deficiencias en los controles de la institución, tenemos que darnos cuenta de la forma en que se manosean políticamente las instituciones al punto de que se les para destruyendo.

Más de cuarenta agentes fueron dados de baja porque salieron de la SAAS durante la campaña anterior para trabajar con la que dejó de ser esposa del Presidente y quiso ser candidata presidencial, y luego regresaron con privilegios cuando se frustró la aspiración de la señora Sandra Torres.
 
 El agente capturado ayer acusado de dirigir una banda de secuestradores también dejó la SAAS durante un tiempo en el gobierno de Berger porque fue enviado a proteger al candidato oficial a la Presidencia, el señor Giammattei, y luego, cuando perdió las elecciones, el señor Zepeda causó nuevamente alta y fue asignado a la protección del expresidente Vinicio Cerezo. Y a ello se han sumado otros problemas que ponen en entredicho a la que tenía que ser una fuerza élite comprometida con la seguridad de los mandatarios, sus familiares y de quienes ejercieron la Presidencia y Vicepresidencia de la República. Una fuerza de civiles que tenía que sustituir al Estado Mayor Presidencial tan cuestionado por el papel que desempeñó no sólo en el conflicto armado interno, sino por el peso político que llegó a tener en casi todas las administraciones civiles del país.
 
 El experimento de la SAAS fue parte de las negociaciones de paz y era una forma de demostrar que la seguridad no es un tema que pueda monopolizar el Ejército. Sin embargo, es patético ver cómo los civiles que tuvieron a su cargo esa responsabilidad han demostrado su incapacidad para actuar profesionalmente y cómo se dejaron usar y manipular en cuestiones políticas como ese manoseo del altas y bajas que ha habido en al menos dos gobiernos para usar al personal entrenado y calificado de la Secretaría en la custodia de candidatos a puestos de elección popular apoyados por el oficialismo.
 
 La cuestión es grave porque demuestra que no hay campo de la administración pública en el que no se haya manoseado la institucionalidad para asegurar objetivos políticos mediante la utilización impropia de los recursos del Estado. No se trata únicamente de la SAAS sino de todo el aparato del Estado puesto al servicio de un capricho electorero y por ello seguiremos viendo que surgen más y más clavos en todas las dependencias públicas porque no hubo ninguna que se salvara de la voracidad de quienes aprovecharon cada centavo del erario para construir su plataforma política que al final, gracias a la sabiduría de los constituyentes, no se pudo concretar pero no sin que se hiciera un daño tremendo a todo el sector público por las exigencias de que desde el más alto funcionario hasta el último de los empleados públicos jugara el papel de activista político de la UNE y de la candidatura de Sandra Torres.
 
 Y es obvio que hubo total sometimiento, fuera para trasladar pisto de una dependencia a otra a fin de que los recursos estuvieran disponibles para los programas que eran el estandarte político de la señora, o para usar al personal de las dependencias del Estado en el esfuerzo por concretar el capricho. Y con un presidente mandilón, sin carácter e incompetente, su mujer que no tenía puesto ni responsabilidad para rendir cuentas, hizo micos y pericos con los asuntos públicos, destruyendo la ya maltrecha institucionalidad en Guatemala.