Guatemala no ha tenido mayores avances en el proceso de reconciliación nacional, luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Organizaciones de derechos humanos estiman que la poca participación social para la creación de políticas, así como el bloqueo desde los mismos organismos del Estado, son las razones principales.
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Pese a que se ha logrado el avance en la institucionalidad del resarcimiento desde el Estado, el bloqueo que se ha tenido desde el Congreso para la asignación presupuestaria y la aprobación de leyes que podrían cimentar los elementos de una política de conciliación, así como la ausencia de justicia, permean el camino hacia una reconciliación del país.
La analista Claudia Samayoa, de la Convergencia por los Derechos Humanos, considera que para que el Estado impulse una política de conciliación nacional, la sociedad debe comenzar a verse en todas las dimensiones en que está dividida.
A criterio de la investigadora, lo que ha habido desde esa fecha, son esfuerzos por discutir el tema desde sociedad civil y cooperación internacional
ENTE COORDINADOR
Una de las recomendaciones del informe «Memorias del silencio», de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, fue la creación de una comisión de paz y concordia, la cual, en conjunto con más de 80 recomendaciones más, se constituían como la ruta crítica necesaria para lograr un resarcimiento integral y aportar para la conciliación, señaló Samayoa.
La institucionalidad del Programa Nacional para el Resarcimiento (PNC), pese a no tener como objeto la conciliación nacional, puede aportar a la misma.
«El bloqueo para la creación de la citada comisión la hizo el Congreso en la legislatura del año 2000 al 2003, pese a los intentos de crear el ente desde sociedad civil», argumentó.
No obstante, la intención de crear un ente coordinador aún continúa en agenda de las organizaciones sociales, puesto que a través del Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz, han recalendarizado su creación.
«El tema es un asunto de voluntad política, porque además hay institucionalidades en el tema de desaparición forzada y de resarcimiento que están pendientes en el Congreso», indicó Samayoa, quien además, advierte que una entidad que coordine una política nacional de reconciliación no podrá hacerse «sin el concurso de los poderes del Estado».
SALDO NEGATIVO
Orlando Blanco, titular de la Secretaría de la Paz (Sepaz), admitió que el balance de las políticas que ha implementado el Gobierno de Guatemala a partir de la firma de los acuerdos de paz, es negativo en cuanto al impulso de las acciones contenidas en los acuerdos y las recomendaciones de la CEH.
De acuerdo con Blanco, los retos fundamentales son la reconstrucción de memoria histórica a través del conocimiento de la verdad (apertura de archivos militares), resarcimiento integral, y el combate a la impunidad en el sistema de Justicia.
Según Samayoa, se le ha dado un «uso perverso» a la palabra reconciliación, en el país, puesto que «lejos de conciliar profundiza las heridas».
La analista se refiere a la Ley de Reconciliación Nacional que fue aprobada por el Congreso en 1996, la cual se constituyó como un recurso de amnistía (extinción de la responsabilidad penal), la cual, además, fue selectiva para los delitos comunes políticos y conexos cometidos por sectores armados que actuaron durante la guerra civil.
La activista recordó experiencias de otros países que aprobaron leyes de amnistía total o leyes de punto final, los cuales 20 ó 30 años después las anularon y permitieron juicios, como en el caso de Argentina y Chile.
«Los países no pueden caminar hacia la conciliación si no pasan por la fase de la justicia, incluso países donde se da la amnistía de hecho como en el caso de España, 50 años después abren procesos de verdad y memoria, incluso hay discusiones sobre la posibilidad de abrir justicia en torno a los casos de desaparición forzada cometidos durante la guerra civil», contó Samayoa.