Guatemala, al igual que otros paí­ses de América Latina, como Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, cuenta dentro de su historia con una lista de miles de estudiantes, catedráticos universitarios, campesinos y campesinas, sindicalistas y otro tipo de lí­deres sociales, que sufrieron la tortura, desaparición y asesinato por mandos y manos militares.

Las Fuerzas Armadas dejaron por un lado su tarea de proteger a la población y fueron ejecutoras de la represión que el poder económico necesitaba para mantener su situación de bienestar. El informe Recuperación de la Memoria Histórica y los resultados de la Comisión de Esclarecimiento Histórico suman unas 250 mil personas asesinadas y 50 mil desaparecidas durante el conflicto armado interno. Ambas investigaciones señalan que más del 95 por ciento de los crí­menes son responsabilidad del Ejército.

Ahora, y a través de todos los medios, el sector más tradicional del paí­s intenta esconder bajo la alfombra los hechos del pasado. Proponen borrón y cuenta nueva para la construcción de la democracia, pero la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento de las responsabilidades, es el único camino para entender la realidad y asegurar a la población que cualquier acto que viole la dignidad de la personas no se quedará en la impunidad.

La decisión es polí­tica. Uruguay nos presentó un claro ejemplo esta semana. El ex dictador Gregorio ílvarez y el capitán de naví­o Juan Carlos Larcebeau fueron detenidos luego que se dictara el procesamiento de ambos por el delito de desaparición forzada.

Quienes resistieron a los golpes y a la picana eléctrica en las sedes que la dictadura militar instaló por todo el Uruguay, tendrán la seguridad que el Sistema de Justicia de su paí­s cumple con el esfuerzo de eliminar la impunidad.

La situación es similar en Argentina, donde el ex comandante del Ejército, Cristino Nicolaides, fue condenado esta semana a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el último gobierno militar. Otros seis ex militares y un ex policí­a deberán permanecer en la cárcel entre 20 y 30 años por el mismo delito. El ex presidente Néstor Kirchner impulsó la investigación que permitió estas sentencias, y la ahora presidenta, Cristina Fernández, prometió continuar con esta polí­tica, lo que le valió los aplausos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo en el acto donde asumió el mando.

Lamentablemente, debemos recordar que Guatemala no forma parte de Sudamérica. En nuestro paí­s, las denuncias que se siguen contra ex integrantes del Ejército no reciben la importancia debida en el Ministerio Público, y las demás instituciones del Estado encargadas de administrar la justicia entorpecen cualquier intento por esclarecer los crí­menes militares.

¿Defiende realmente la soberaní­a nacional la resolución de la Corte de Constitucionalidad que impide la detención de varios ex militares y civiles acusados por el delito de genocidio? ¿Hasta cuándo debemos esperar que las autoridades del Estado defiendan, en cambio, la dignidad de la población guatemalteca?