El tiempo transcurre sin que el Estado como tal, incluyendo a la propia sociedad, se preocupe por recuperar lo que parece ser un recuerdo antiguo de 1986, cuando se consideró que el modelo electoral establecido era el idóneo (para esa época) y se confió la representación popular a gobernantes legislativos, judiciales y ejecutivos, quienes durante años han decepcionado a la población por los pobres resultados que se han obtenido. Ni el presente se salva, ni el pasado era distinto. Lo más complicado es que el futuro no vislumbra un cambio tampoco.
Escuchando a algunos “expertos” disertar o escribir sobre el tema, se insiste en que no es la reforma electoral lo que se requiere, sino un cambio total del sistema político, entendiendo éste, según los expertos, en aquel mecanismo por el cual los partidos políticos se convierten en verdaderas instituciones de derecho, con fines propios electorales y de representación. Sin embargo, bajo la consideración anterior, el sistema político tendría necesariamente que modificar su establecimiento desde un basamento constitucional, puesto que las normas de rango jerárquico superior conservan aquellas antiguas tradiciones de delimitar la acción de los partidos políticos, imponiéndoles reglas (que no cumplen) y desestimando a una justicia electoral a un tribunal especializado de administración, pero con pocos o nulos poderes coercitivos de sanción.
Los sistemas como tal, promueven la conjugación de personas, instituciones y procedimientos, lo que permite que si están bien hilvanados todos, se logre cohesionar un mecanismo efectivo para alcanzar el resultado. Esta conceptualización pareciera sencilla, pero al entender que los propios actores que debieran promover el cambio son aquellos que el sistema no hace funcionar, se transforma cuesta arriba alcanzar una forma sensata de hacer política partidista; y si a eso se le suman las denuncias de corrupción pública al llegar al poder, y privada al momento de las campañas electorales con financistas de campaña, el problema se agrava. El descrédito entonces, es innegable.
El Congreso de la República, pero especialmente los partidos políticos solo pueden ser agentes de cambio si la propia población interviene y se manifiesta; esa expresión es noble, cierta y antigua, pero nadie pareciera tener la respuesta efectiva del “cómo hacerlo”. ¿Revolución legal? ¿Auditoría Social? ¿Voto de castigo? Todos estos elementos se discuten, mientras algunos otros intentan manifestarse como verdaderas opciones de elección popular y mantener a flote el sistema electoral, el sistema político y por ende el sistema de gobierno. ¿Qué resta entonces? El sistema económico pareciera ser el más vulnerable e inestable para alcanzar el movimiento social que permitiría un cambio. Pero hasta la pobreza se ha vuelto costumbre en un país en donde la vía del desarrollo se convierte en ofrecimientos de campaña y en incumplimientos de gobierno.
Solo un pueblo organizado, voluntarioso, entendido y motivado podría incidir en un cambio, dentro del ejercicio del estado de derecho, promoviendo acciones de verticalidad política (escogiendo un candidato no favorito en las encuestas, por ejemplo, o promoviendo un referéndum revocatorio de todos los mandatos electorales). Y si la organización social no alcanza ese estado de coordinación, otros actores como el crimen organizado, los poderes ocultos tan buscados por la CICIG o inclusive las relaciones internacionales harán del país, un lugar ingobernable, inhabitable e insalvable.