El ministro de la Defensa Nacional, general Cecilio Leiva acudió esta mañana al Congreso de la República para reunirse con los diputados Nineth Montenegro y Roberto Alfaro, de Encuentro Por Guatemala, a quienes explicó la manera en que se realizó la venta de armas las cuales estaban en mal estado a una empresa estadounidense.

El funcionario encargado de la institución armada explicó que las leyes vigentes en el paí­s facultan a la institución castrense para deshacerse de las armas y bienes en desuso del Ministerio de la Defensa Nacional, según lo establecido en el Decreto ley 2-42 vigente desde 1973 que en su Artí­culo Primero establece que «se faculta al Ministerio de la Defensa Nacional para que pueda vender el armamento, equipo, aeronaves, barcos, vehí­culos y demás artí­culos pertenecientes al Ejército Nacional que por su uso ya no presten servicio eficiente».

Pero a la vez el funcionario indicó que se realizó una permuta al hacer la entrega de armas inservibles para reciclaje y que a cambio se repararon otras que aún están al servicio de la institución armada.

La empresa Century Arms, Inc., fue la encargada de adquirir las armas estimadas en 5 mil 400 ametralladoras y fusiles, además de alrededor de 8 millones de municiones, lo cual fue denunciado por Orlando Blanco del Colectivo de Organizaciones Sociales (COS), ante el diputado Manuel Baldizón, presidente de la comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso.

Como resultado de la denuncia recientemente fue citado al Organismo Legislativo el encargado de la Secretarí­a de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) de la Presidencia de la República Juan Carlos Leal, quien fue desligado de su participación en la negociación.

La diputada Montenegro expresó al final de la reunión que de alguna manera fueron despejadas las dudas que tení­an en torno a la venta de estas armas, pero que aún así­ esperan contar en los próximos dí­as con la presencia del ex ministro Francisco Bermúdez para que informe lo que le consta respecto a esta polémica negociación.

«Las explicaciones del Ministro no despejaron las dudas pues no se cuenta con el dictamen técnico para conocer el estado de las armas negociadas, tampoco existen pruebas del estado de las armas y si estas fueron negociadas por considerarlas chatarra, era necesaria su destrucción en un lugar público para garantizar que fueran a parar a manos de traficantes de armas o terroristas», concluyó.