Uno de los problemas que saltan a la vista cuando se ve la forma en que el Ministerio Público manejó la acusación contra Alfonso Portillo es, por supuesto, la incapacidad de los fiscales para tipificar adecuadamente los cargos, pero más allá de eso, hay que decir que nuestra legislación es sumamente blanda para los casos de corrupción y no disponemos de instrumentos legales adecuados para sancionar el enriquecimiento ilícito.
El peculado obliga a que el sindicado tenga el control y a su cargo el manejo de las cuentas públicas que fueron objeto de sustracción pero resulta que en la lista de los funcionarios públicos que tienen responsabilidad por el manejo de dinero y que por lo tanto son cuentadantes ante la Contraloría de Cuentas, no figura el Presidente de la República porque él no firma ningún cheque ni tiene a su cargo partidas que dependan de él para su ejecución. Las partidas a cargo de la Presidencia de la República están a cargo de funcionarios de la Presidencia, pero no del Presidente.
No puede tipificarse como delito de peculado que un Presidente firme la transferencia de fondos porque en todo caso si se hace mal uso de esos recursos, legalmente el responsable será el funcionario que según la Ley tiene que manejarlos y rendir cuentas a la Contraloría. Desde que se hizo la acusación contra Portillo, en La Hora dijimos que el Ministerio Público había utilizado un delito que no le correspondía al Presidente y ahora, cuando el ex presidente ha vuelto a Guatemala y de conformidad con el Tratado de Extradición con México no puede ser juzgado sino por el delito por el que fue reclamado, veremos que tanto Florido como el fiscal Galindo, le sirvieron en bandeja de plata la oportunidad de resolver su situación sin mayores complicaciones.
El tema, sin embargo, nos tiene que servir para iniciar un movimiento nacional de transparencia que se oriente a tipificar adecuadamente los delitos de corrupción para que cualquier enriquecimiento ilícito sea debidamente castigado en nuestro país y se termine la constante de que la chamarra que usan quienes pasan por el poder para taparse siempre se estira.
Exigir que se castigue a Portillo sin entender las deficiencias del sistema aumentará la frustración de la ciudadanía pero no ayudará a resolver el problema. Insistimos que ante la lacerante realidad, tenemos que asumir posturas que impidan que en el futuro ocurra un caso en el que nuestros políticos se enriquecen impunemente porque, al fin al cabo, con su salario ya estarían muy bien compensados y cualquier «extra» que se embolsen debiera generar responsabilidades penales.