Creemos que pasadas las elecciones y teniendo fresco el panorama de cómo se tuvieron que financiar los partidos polí­ticos y los riesgos (cuando no certezas) de que el dinero de las campañas se convierta en la puerta del tráfico de influencias que pueden ser a favor de conocidos empresarios o desconocidos criminales, obligan a pensar en serio sobre una reforma del sistema que permita depurar el ejercicio de la democracia porque la misma en realidad se vuelve inútil cuando tiene su cimiento en ese régimen de dependencia absoluta que se genera entre el partido polí­tico, sus dirigentes y quienes se encargan de proveerles de recursos para financiar su actividad.

Siempre hemos dicho que lamentablemente es una realidad que el mundo no está compuesto de filántropos y que en polí­tica alrededor del mundo se han tenido que establecer mecanismos concretos para evitar la nociva influencia de las masivas donaciones en perjuicio del interés nacional. Porque resulta que los compromisos adquiridos durante las campañas son tan fuertes que no permiten libertad de acción a los electos, quienes terminan actuando para y por los grupos de interés en vez de atender las necesidades de la población. Y una de las razones que causan el desencanto de la gente en el sistema democrático y les hace a veces hasta clamar por dictaduras, no digamos los gobiernos militares autoritarios, ha sido cabalmente esa incapacidad de entender que la elección es un mandato y que, por lo tanto, el electo se convierte en mandatario para ejecutarlo y no en un rey para servir a quienes le permitieron encumbrarse en el poder.

Si no corregimos esa falla estructural en el sistema polí­tico nuestro, seguramente que iremos viendo mayor deterioro del modelo democrático porque la gente no es tonta y se da cuenta que su voto sirve para beneficio de los grupos de interés que se organizan para dar dinero a los candidatos. No es casualidad, por ello, que vivamos en un paí­s donde se acrecienta cada vez más la brecha entre pobres y ricos, porque lamentablemente pesan más los intereses de los últimos y se ganan influencia desde el mismo momento en que los polí­ticos no pueden vivir sin sus aportes económicos.

Por ello es que en algunos paí­ses hay regulaciones tan estrictas sobre las donaciones a los partidos polí­ticos y en otros se establecen mecanismos de financiamiento del Estado, lo cual en nuestro caso serí­a muy difí­cil por la facilidad que hay para organizar partidos y el fenómeno de la proliferación de entidades que se llaman de esa forma sin serlo. Guatemala también merece un sistema menos comprometido con los financistas, si es que queremos alentar la democracia.