El Tribunal Constitucional legalizó hoy el partido independentista vasco Sortu, que fue proscrito en 2011 al considerarse parte de la organización armada ETA.
Exactamente ocho meses después del comunicado en el que ETA anunció el cese definitivo de sus operaciones, los magistrados del Constitucional votaron con seis votos a favor y cinco en contra la legalización de Sortu y pueda concurrir a las elecciones.
En marzo del 2011, el Tribunal Supremo argumentó que Sortu era una mera sucesión de Batasuna, la formación política proscrita en 2003 por sus vínculos con ETA, y la ilegalizó.
Pero el Constitucional revocó el miércoles el anterior fallo y consideró que los estatutos de Sortu rechazan inequívocamente toda forma de violencia, incluida la de ETA. Por lo que permitió su registro como partido político con todo el derecho de concurrir a futuras convocatorias electorales en el País Vasco y España.
Su legalización rompe una tendencia iniciada en 2003. Desde la aprobación de la llamada ley de partidos, la justicia española había prohibido sistemáticamente la inscripción de partidos separatistas vascos próximos a Batasuna, que jamás condenó un atentado de ETA.
Sortu («crear» o «nacer» en euskera, el idioma autóctono del País Vasco) se presentó en febrero del 2011 como una formación rupturista con el pasado, que buscaba la independencia del País Vasco, pero rechazaba toda forma de violencia, incluida la del grupo separatista, aunque sin pedir explícitamente la disolución de ETA.
Catalogada como una organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, ETA ha asesinado a 829 personas desde que en 1968 inició su campaña violenta de atentados, secuestros y extorsión para financiar sus operaciones en nombre de la independencia de la llamada Euskal Herria (Tierra Vasca), que comprende las regiones españolas del País Vasco y Navarra en el norte, además de tres provincias del suroeste de Francia.
La organización vasca anunció el 20 de octubre del 2011 el cese definitivo de sus actividades armadas tras años de acoso policial y pidió abrir un diálogo con el gobierno.
Oficialmente, el gobierno dijo que no tiene nada que negociar con ETA, a la que pidió la entrega de las armas y su disolución definitiva. Dos pasos que todavía no ha dado el grupo vasco.
Aunque en los últimos meses sí se han conocido planes específicos del gobierno para etarras arrepentidos en las cárceles, que les permiten ciertos permisos penitenciarios.