La cuenta final para la toma de posesión del nuevo gobierno encabezado por el ingeniero Alvaro Colom, inició con la presentación de su gabinete, cuyos problemas heredados por esta administración debe empezar a resolver para que la presa de expectativas que sus promesas de campaña crearon no hagan sucumbir la esperanza de los guatemaltecos. En esta sección, dos investigadores de la unidad técnico-política de la Universidad de San Carlos, abordan el legado económico del gobierno de Berger y la siniestra herencia de la inseguridad en todos los estratos sociales de la población.
UNE recibe gobierno con menos polarización
LIC. CRISTHIANS MANOLO CASTILLO1
Hablar sobre el saldo de la economía luego de un gobierno de corte empresarial como el saliente, requiere evaluar más que los números fríos de las estadísticas, los indicadores socioeconómicos que se vinculan con la realidad económica de la vida diaria de los guatemaltecos.
El país tendrá un traspaso de mando, en condiciones mucho más estables a nivel económico que en la transición anterior (Portillo-Berger), el consenso alcanzado en el seno del Congreso en torno al presupuesto general 2008, que destinó Q1 mil 207 millones para acciones inmediatas a ser implementadas en los primeros 100 días de gobierno, es un indicador de correlaciones de fuerza menos polarizadas que hace cuatro años.
Efectivamente, el crecimiento económico, medido por el PIB tuvo un comportamiento alcista del 4.35% en promedio durante la administración Berger, el cual fue acompañado por un comportamiento igualmente alcista de la inflación del 7.38% en promedio durante el mismo período. El costo de la canasta básica afectado por la inflación y la baja inversión social, no incidieron significativamente en la reducción de la pobreza extrema, que según datos de la ENCOVI 2006 entre el 2000-2006 solo retrocedió 0.5%, posicionándose en 15.2% de la población nacional, que no puede ni siquiera cubrir el consumo mínimo de alimentos. Esto entre otros indicadores deficientes, nos valió ocupar el penúltimo lugar de Iberoamérica en el índice de Desarrollo Humano (IDH), superando sólo a Haití. El informe de IDH mundial del 2007 mostró la perversidad de la concentración de la riqueza en el país, en la medida que el 10% más pobre de la población recibe el 0.9% del ingreso producido, mientras que el 10% más rico concentra el 43.4%.
Si bien el valor del IDH radica en la comparación entre países, este indicador no refleja elementos cotidianos que si experimentaron cambios positivos. Hay que reconocer que el gobierno saliente estuvo preocupado por invertir en la infraestructura, la cual deja mejores vías de comunicación, un aeropuerto de vanguardia y esfuerzos a nivel de megaproyectos.
Las variables macroeconómicas tuvieron una calificación aceptable a nivel internacional, aunque las relaciones económicas regionales enfrentan la amenaza de los precios internacionales del petróleo y el desafío de generar condiciones para la atracción de inversiones extranjeras, las cuales no fluyeron espontáneamente a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio de la región con Estado Unidos; dicho tratado no ha producido tampoco los otros grandes beneficios que se esperaba de él, reducción de precios en productos importados, generación de empleo entre otras.
El tema de la seguridad también es un factor que obstruye el desempeño económico del país, que no solo afecta a los volúmenes de inversión y el costo que conlleva la seguridad privada, sino que es una amenaza latente para el turismo que se potenció como una actividad de alto impacto en el PIB.
El tema financiero es un área que también experimentó un fuerte shock tras la quiebra de los bancos en el 2006 (BANCAFE y Banco de Comercio), que a pesar del cuerpo legal aprobado en el 2002 (la nueva Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Ley Monetaria, Ley de Supervisión Financiera, Ley de Bancos y Grupos Financieros, Ley de Libre Negociación de Divisas, y la Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos), el Estado no tiene aún la capacidad para poner tras las rejas a los banqueros que han cometido fraude. El control de las entidades financieras aún es endeble, y en la administración Berger por su naturaleza empresarial, traslado a los contribuyentes el costo de la quiebra, teniendo un impacto a nivel social, al dejar de destinar fondos para la política social, y destinarlos a solventar las perdidas producidas por las quiebras y blindar el sistema financiero en su conjunto para evitar una crisis generalizada.
Los avances en la reducción de procesos para la inscripción de empresas, es uno de los grandes adelantos de la automatización de la administración pública, impulsado en diversas instituciones que han agilizado la prestación de servicios y han mejorado su desempeño. Uno de los ejemplos de esto, es la notable mejoría en la recaudación fiscal que gracias a procesos automatizados han facilitado la tributación.
En materia fiscal se experimentó una relativa tranquilidad, aunque no se afectaron los intereses de los grandes evasores estos no bloquearon las iniciativas para aumentar el ingreso del Estado para las inversiones que realizó.
El principal reto ahora es promover una política fiscal comprometida con la inversión social de calidad, que pueda incidir en el nivel de vida digna de los guatemaltecos; cualquier prosperidad, crecimiento o desarrollo económico, debe ser medido en función de la capacidad de la población de poder tener en su mesa un plato de comida y satisfacer sus necesidades mínimas.
El discurso de la social democracia y sus postulados sobre la economía social de mercado, podrían constituirse en un parteaguas de la historia económica del país, si desde el Estado se incluyen efectivamente los intereses de las mayorías empobrecidas y excluidas, en las prioridades del gasto público nacional.
Severo escrutinio de la administración de Berger
La estulticia no está contenida en la bondad
Lic. Antonio Mosquera Aguilar
Un gobierno es un sistema complejo de dirección social que no puede reducirse a la crítica del principal puesto del ejecutivo. No obstante, muchas de las acciones de gobierno se explican por la persona que ocupa el alto cargo de dirigir al país. Otro punto a tener en cuenta, consiste en que el Presidente de la República representa la unidad nacional, por lo tanto, los demócratas no pueden lanzar denuestos a quien ostenta el cargo. No obstante, al final del mandato, es dable referirse con claridad a las causas personales que impidieron mayores realizaciones en la administración pública.
En primer lugar, Oscar Berger demostró poca estima de la institucionalidad democrática que ha funcionado para mantener los privilegios patrimoniales propios y de su clase. En efecto, durante su mandato, afectó gravemente el funcionamiento institucional, por medio de nombramientos inopinados, precipitados y caprichosos en cargos que están regulados constitucionalmente. De esa manera, afectó al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la Nación. Pasó sobre leyes y reglamentos en la Junta Nacional de Servicio Civil, Superintendencia de Administración Tributaria, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y otras oficinas.
En segundo lugar, el odio expresado contra los funcionarios que le antecedieron, ocupo gran parte de su acción y no consiguió sus objetivos: tanto Alfonso Portillo como Francisco Reyes López están en libertad y no se han podido sustanciar las causas en su contra.
En tercer lugar, la seguridad interior cayó en el peor desastre desde los negros años del enfrentamiento armado. El asesinato de personas que se manifestaban sin armas, en medio de grupos ciudadanos y por motivos que ameritan ser discutidos ampliamente, sucedió en casos tales como la protesta en Sololá por la minería y en la finca María Linda de la costa sur, así como en otros casos de conflicto agrario donde hay relación familiar del mismo Berger. Igualmente, está claro que altos funcionarios policiales y públicos practicaron la «limpieza social», especialmente contra jóvenes de conducta conflictiva y en casos puntuales contra dirigentes populares. La falta de impulso a la profesionalización policial, derivó tanto en el fomento de la impunidad y en el auge de la influencia de la delincuencia ligada a la narcoactividad que tiene su clímax en el asesinato de los diputados salvadoreños al Parlacen.
En cuarto lugar, ahondó la suspicacia de los ciudadanos contra los militares, al utilizarlos en tareas de seguridad pública. En lugar de fomentar medidas de confianza hacia el ejército, mejorar su equipamiento, elevar su capacidad tecnológica, definir su misión de defensa externa y de objetivos nacionales compartidos. Berger recurrió a la imagen represiva formada por las acciones de terrorismo de Estado, practicado durante el enfrentamiento armado, para armar un «espantapájaros» caro e ineficiente que buscaba disminuir la criminalidad. Los hechos son claros, no sirvió para nada.
Las celadas burocráticas que se lanzaron contra Berger tuvieron éxito en separarlo de decisiones claves para orientar al legislativo o para decidir medidas de orden público. Ni su misma oficina de relaciones públicas, pudo evitar la publicidad de comentarios precipitados y muchas veces tontos que arruinaron su imagen. Ser pelmazo no es ninguna virtud.