Los guatemaltecos en general debiéramos leer la Constitución Política de la República de Guatemala para enmarcar nuestros actos en la normativa fundamental del Estado. Desafortunadamente no ocurre así y hay mucha gente que nunca ha leído ese cuerpo legal que es la carta constitutiva de nuestra Nación y donde se encuentran las normas generales que todos debemos observar.
Pero el colmo es que los altos funcionarios de gobierno no lean la Constitución y no la conozcan. Se demuestra con la acción iniciada por el Vicepresidente de la República, doctor Rafael Espada, en contra de la columnista de Siglo XXI Marta Yolanda Díaz Durán, al presentar querella en el Ministerio Público para que se le investigue por calumnia, injuria y difamación, según publica hoy ese mismo matutino.
Le caería bien al vicepresidente Espada tomar el texto constitucional y leer despacio y cuidadosamente siquiera el artículo 35. Si resulta demasiado largo y complejo, pues debería remitirse apenas al segundo párrafo de esa norma para entender su exabrupto. Y por si no tiene a mano una Constitución de la República, conviene transcribirle textualmente lo que dice ese socorrido párrafo, que es lo siguiente: «No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de su cargo».
Ocurre que calumnia, la injuria y la difamación son delitos contra el honor, tipificados en el Título II, Capítulo I del Código Penal y por lo tanto, al tenor de la Constitución Política de la República de Guatemala, la acción del doctor Espada no procede.
Sin embargo, y le pasamos el consejo que evidentemente no le supieron dar tampoco sus abogados, si puede exigir que un tribunal de honor declare que la publicación que le afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se le hacen son infundados y el fallo que lo reivindique, de darse el caso, deberá publicarse en el mismo medio de comunicación donde apareció la imputación.
Es una verdadera pena ver que las más altas autoridades de la Nación desconocen la ley fundamental. Está bien que no lleguen a conocer la legislación ordinaria si no tienen la formación adecuada, pero la Constitución de la República tiene que ser herramienta cotidiana de cualquier funcionario público, no digamos del Vicepresidente de la República de cualquier país.
Hacer pública ostentación de la ignorancia no es un hecho punible, pero si debiera ser repudiado cuando pone en evidencia que ni siquiera se han tomado la molestia de darle una revisadita, por el forro, a la Ley de Leyes, a la norma fundamental de la que se deriva toda la estructura legal del país. Es más que obvio que estamos amolados.