La Ley de Extinción de Dominio (LED) que entró en vigencia hoy, enfrentará algunas dificultades en las judicaturas que conocerán estos procesos, pues éstos tienen otros casos que resolver y los juzgadores no tienen seguridad.

La LED ordena a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la creación de tres judicaturas especiales para conocer los casos de extinción de dominio que el Ministerio Público (MP) presenta en el Organismo Judicial, no obstante, por falta de presupuesto fueron nombrados juzgados ordinarios para ese fin.

Los titulares de los juzgados Quinto, Octavo y Décimo ya se encuentran analizando con detenimiento la normativa para cuando la unidad especial del MP abra los primeros casos, no obstante, aunque se agregó trabajo a esas judicaturas las condiciones son exactamente las mismas.

Verónica Galicia, titular del juzgado Décimo Penal, explicó que desde hace algunos dí­as está consensuando con otra juzgadora: “lo que pretendemos es tener unidad de criterio y no diversidad, en manera consensuada vamos a emitir las resoluciones de tal modo que el contenido sea el mismo”, enfatizó.

No obstante, la Jueza entrevistada refiere uno de los problemas que enfrentará en cuanto a la aplicación de la LED: “lo que sucede es que ya estamos manejando una agenda con audiencias programadas para dos o tres meses”, explicó.

Galicia añadió: “La verdad es que espacio no tenemos, pero vamos a tener que ver como lo hacemos y aplicar esta ley”.

Los juzgadores conocerán los procesos de extinción de dominio paralelamente a los procesos penales abiertos contra los supuestos propietarios de los bienes incautados, expertos manifiestan que una de las caracterí­sticas de esta ley es que en la fase de prueba debe probarse que la procedencia de los bienes incautados es ilí­cita.

Además, se prevé que los casos sean resueltos en un promedio de dos meses de acuerdo con los plazos fijados en la normativa. Galicia explica: “Aproximadamente tardarí­a de 45 dí­as a dos meses de acuerdo a lo que la ley establece”.

La seguridad es otro tema pendiente, pues se observó que en las judicaturas de extinción de dominio, no se habí­an tomado medidas adicionales para proteger a los jueces.

Al respecto César Barrientos, magistrado de la CSJ declaró: “El Estado debe tomar dentro de sus prioridades la protección de todos los jueces y fiscales y demás auxiliares, el poder judicial en la medida de sus posibilidades hace lo que puede, pero la responsabilidad directa compete al poder Ejecutivo”.