Algunos analistas dijeron que la aprobación de la LED fue uno de los logros más importantes en materia de seguridad y justicia para el país, y que en conjunto promovieron y dieron su contribución las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, Economía y Comercio Exterior así como la de Reformas al Sector Justicia.
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Iduvina Hernández, directora de Seguridad en Democracia (Sedem), indicó que preparar y luego publicar en el Diario Oficial la reglamentación a la LED, es un reto que deberá garantizar el Organismo Ejecutivo.
«Es importante que el reglamento a la Ley de Extinción de Dominio (LED) esté listo y firmado por el Presidente (ílvaro Colom) a la brevedad posible, a manera que la vigencia de la ley no se aplace más de lo necesario», insistió Hernández al tomar en cuenta que tienen 6 meses de 2011 para ello.
La preocupación de la Directora de Sedem, es que la Secretaría General de la Presidencia de la República ha sido un obstáculo permanente en lo que se refiere a darle vigencia a leyes fundamentales en general, pero particularmente de seguridad y justicia.
ENFRENTADOS
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, dijo que en términos generales se debe reconocer el apoyo de los comisionados, porque en el caso de la sala de reformas al Sector Justicia tuvo bastante actividad; pero por la confrontación entre bancadas no pudo avanzar más con su agenda.
«Ahora es la comisión que tiene que ver cómo se concretan en el pleno varias iniciativas, algunas propuestas por la CICIG y otras que van a llegar de la Corte Suprema de Justicia, entre otras que tienden a mejorar la administración de justicia», analizó Ibarra.
Roberto Alejos, presidente de la Comisión Permanente, indicó que son ocho temas más entre aprobar la ley para crear el Ministerio de Seguridad hasta una nueva Ley de Migración, considerada de seguridad por el tema de trata de personas.
REFORMAS
Para el año próximo, quedan pendientes las reformas a la Policía Nacional Civil, a la Ley del Ministerio Público, a la Ley de la Carrera Judicial y reformar la Ley de Amparo, también el Código Procesal Penal como iniciativa de la Corte Suprema de Justicia y por lo menos reformar tres artículos que todavía no son aplicables de la Ley de Armas y Municiones, enumeró Roberto Alejos.
La analista Iduvina Hernández opinó que es necesario crear un nuevo ministerio especializado en seguridad, «del actual Ministerio de Gobernación, separar en otra instancia todo lo que tiene que ver con funciones de orden administrativo del Estado», dijo.
«Todo lo que es la actuaría, todo las que son una serie de dependencias que no están vinculadas con el sistema de seguridad y que consumen un tiempo importante y valioso de la persona que esté como titular de Gobernación y que le limitan su capacidad de concentrarse en el tema de seguridad», resaltó Hernández.
INGENUIDAD Es importante también la formación de un ente distinto de la PNC, «especializado en investigación para el combate al crimen; pretender reformar la Policía Nacional Civil y mantenerle tanto las funciones de prevención del delito, de persecución del delito y combate al crimen es una ingenuidad imperdonable a estas alturas del desarrollo del crimen organizado», resaltó Iduvina Hernández.
«Dentro de la PNC es seguir manteniendo una jerarquía administrativa dentro del Estado a un nivel muy bajo la investigación criminal, que al día de hoy con los niveles de desarrollo del crimen organizado que tiene Guatemala, no es suficiente», recalcó.
La analista cree que Guatemala necesita una policía con capacidad de prevención que bien podría cumplir la actual PNC y hacer en ella las reformas.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, está de acuerdo en buscar la carrera en el Ministerio Público, pero no en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ya cuenta con una ley de la carrera judicial.
El cuello de botella en el Ministerio Público, «ver cómo se crea la carrera del fiscal, que le dé verdadera autonomía profesional, como se analiza el papel del Consejo del Ministerio Público».
Mientras las reformas para el tema de la CSJ, debe ser para que los casos que van a primera instancia o audiencia se agilicen, dijo Ibarra.
ECONOMíA
Rubén Darío Narciso, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), analizó que la comisión de Economía tendrá que puntualizar en dos casos el año entrante los que podrían ser polos opuestos: uno de ellos el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El convenio de la OIT, debido a la división de criterios y discrepancia bien marcados que quedaron en las mesas de diálogo, no sería conveniente promoverlo en año electoral, según el analista.
Mientras la Ley de Desarrollo Rural Integral, sí por la importancia para el país porque Guatemala tiene dos realidades características y eso es un tema pendiente que urge promulgar para enfrentarlo y evitar su agravamiento, analizó Narciso.
«Una realidad urbana con baja pobreza, con baja desnutrición; y una realidad rural caracterizada por tener una pobreza casi del 75% de su población y todos los indicadores muy bajos, entonces sí se requiere de una acción del Estado para mejorar esta realidad», terminó el analista del CIEN.