En medio de enorme barullo, pero con los votos suficientes para convertirla en Ley, los diputados del oficialismo lograron aprobar su propia iniciativa para crear una Policía de Investigación Criminal que no dependa del Ministerio Público sino del Ministerio de Gobernación. Llama poderosamente la atención que los congresistas logren acuerdos para este tipo de proyectos, pero sean incapaces de avanzar cuando se trata del tema de la transparencia.

Y concretamente hay que hablar de la actitud de la bancada oficial porque fue la que consiguió que la GANA, CREO y el PAN se sumaran en la aprobación de esta ley que dará lugar a intensas polémicas en el futuro y es obligado entonces preguntarse por qué los del PP no logran ni siquiera ellos comprometerse con la aprobación de la Ley de Enriquecimiento Ilícito y cualquier otra iniciativa que tenga que ver con la búsqueda de transparencia.
 
 En otras palabras, es obvio que se logró desbloquear la agenda parlamentaria y que nuevamente los diputados pueden ya aprobar leyes luego de más de cuatro meses de estar atrapados por el filibusterismo del partido Líder que terminó cuando los diputados europeos que visitaron Guatemala los arrinconaron para exigirles que dejaran de actuar irresponsablemente.
 
 Pero al desatascarse la labor legislativa no se vaya a creer que hay interés por legislar en cuestiones de interés nacional, sino que única y exclusivamente, para variar, en los temas que constituyen prioridad para las fuerzas políticas dominantes en el Congreso y uno de ellos es arrebatar a la Fiscalía General el poder para realizar investigaciones científicas y técnicas con base en la ley. Lo que se pretende es que el recurso indispensable para montar una policía especializada en el campo de la investigación criminal esté controlado por el Ministerio de Gobernación, arrebatando la facultad legal al Ministerio Público lo que constituye una extraordinaria concentración de poder en las fuerzas policiales. Algunos señalan que ayer se revivió la vieja policía judicial que se caracterizó por ser uno de los aparatos represivos más tenebrosos de la historia del país y que, precisamente, se suponía como un auxiliar de la administración de justicia (de allí su nombre) para investigar hechos delictivos, pero en la práctica fue el brazo ejecutor de las más salvajes políticas de represión contra los guatemaltecos.
 
 La lección entonces es clara. Ya no hay agenda entrampada y el oficialismo tiene suficiente muñeca para lograr que le apoyen aún en leyes sumamente polémicas los otros partidos conservadores del país que se suman sin dificultad a la corriente para impulsar normas que responden a los intereses del Gobierno. Pero como la transparencia no es realmente un punto de interés del régimen, por más que la Vicepresidenta se muestre en el mismo Ministerio Público como adalid de la conformación de una fuerza especial para perseguir la corrupción, nadie les exigirá a los diputados del Partido Patriota que busquen acuerdos para dar luz verde a las leyes que permitirían perseguir efectivamente la corrupción.
 
 El mismo Presidente dijo ayer que no se puede pasar de no tener una ley contra la corrupción a tener leyes en las que se les vaya la mano, refiriéndose al tema concreto del tráfico de influencias, lo que da una idea de que el particular que hace negocios con el Estado puede estar tranquilo porque nadie lo va a perseguir toda vez que se tratará con guante blanco a los empresarios que se dedican a realizar negocios en el sector público. Perseguir a esos pícaros sería un exceso, según la opinión del mandatario que prefiere aceptar las observaciones que han hecho algunos traficantes de influencias para evitar que se les vaya a tipificar ningún delito.