El “fundamento legal” para otorgar el usufructo en Puerto Quetzal es un acuerdo del interventor de la Portuaria que define la normativa “para el usufructo y arrendamiento de áreas y locales de la empresa. Es en esa norma que se define la forma sigilosa en que se hizo el negocio y se establece que una comisión técnica deberá dictaminar, siendo tal comisión nombrada por el mismo interventor, lo que asegura que nombrará únicamente a los compadres hablados para que formen parte de la misma.

Si el general Otto Pérez Molina está convencido de que se actuó conforme a la ley, tiene que revisar cómo es que su interventor asumió la facultad de normarse él mismo cómo debía de proceder para otorgar un usufructo como el que se terminó dando a la empresa que sin licitación se hizo con casi cincuenta manzanas de terreno del Puerto. Cuando en la página del bufete Marroquín, Marroquín y Asociados dice que han participado en la elaboración de leyes que regulan los contratos públicos, no indica específicamente que también hacen normativas ad hoc para facilitar la entrega de parte del patrimonio de la Nación, pero en su calidad de interventor de la portuaria, el licenciado Allan Marroquín emitió esa norma un par de meses antes de la firma del contrato para hacerse el autopase y luego meter el gol.
 
 Un funcionario como el Presidente debe confiar en sus subalternos y creer que le están diciendo las cosas tal y como son. Pero cuando salta a la vista que un funcionario se pasó de vivo, arreglando todo de tal manera que se quiere dar apariencia legal a un contrato negociado en secreto, el mandatario tiene que abrir los ojos y entender lo que está pasando porque, al final de cuentas, sobre él recaerá la responsabilidad histórica del negocio. Hoy en día la gente recuerda que fue el señor Freddy Guzmán el que estaba al frente de Telgua cuando hicieron el negocio con Ricardo Buezo, pero el sambenito no se lo quita el expresidente Arzú.
 
 El Presidente tiene que pedir esa normativa y leerla con detenimiento para ver cómo es que se trata de una maniobra para dar respaldo legal a lo que ya se venía cocinando. Es una normativa a la medida para avalar el negocio del usufructo otorgado a la empresa española y de eso no cabe la menor duda luego de leer despacio y cuidadosamente los términos en que se redactó ese instrumento legal que nunca recibió la publicidad necesaria porque, precisamente, el interés especial estaba en mantenerlo todo callado, silencioso y bajo de agua para no hacer grandes olas.

Minutero:
Cada día es más clarito
 el negocio con el puerto
 y hasta alguien medio tuerto
 entiende bien el negocito