Yo he sido, tal vez, uno de los más insistentes, durante décadas enteras, a favor de una reforma fiscal que considero absolutamente necesaria para Guatemala, pero también he sido consistente en reclamar una reforma administrativa que rompa con un molde que fue hecho para alentar la corrupción. Cuando el caso Portillo alcanzó dimensiones de escándalo por la cobertura mediática, dije que no bastaba con rasgarnos las vestiduras señalando a ese gobierno como el más corrupto de la historia, sino que tení­amos que entender que la corrupción era un mal estructural que reclamaba cambios muy serios y profundos en la práctica administrativa para impedir que otros gobiernos llegaran a hacer iguales o peores torerí­as. La hipocresí­a de nuestro medio hizo que la gente se sintiera satisfecha con salir de Portillo y el FRG, entregando un cheque en blanco y sin control ni fiscalización a Berger y compañí­a, como si ello fuera suficiente para darle vuelta a la página. En este paí­s todos los gobiernos roban porque el sistema está diseñado y montado para alentar la corrupción. Nótese cómo el gobierno de Colom usa y abusa de los fideicomisos para mantener esa tónica y continúa el desví­o de fondos hacia las ONG para evadir aún los tibios y poco efectivos controles existentes. La Contralorí­a de Cuentas es una auténtica cacharpa porque nadie le pone atención ni se preocupa de sus fiscalizaciones, a no ser por los tesoreros o los alcaldes de recónditos municipios que es a los únicos que les cuentan las costillas y a lo mejor les cae la viga. La tesis de quienes se oponen a una reforma fiscal en esas circunstancias es que aumentar los ingresos del fisco es como darle dinero a un hijo drogadicto que lo va a utilizar mal, de todas maneras y, lamentablemente, hay que reconocer que no dejan de tener toda la razón del mundo porque aquí­ no es cuestión de si alguien es o no honesto. Es cuestión de que el sistema está hecho para que roben a diestra y siniestra, lo cual es absoluta garantí­a de que el dinero va a ser mal utilizado. Precisamente por ello es que he sostenido que el problema no es de personas, sino de mecanismos institucionalizados y en Guatemala la corrupción es parte de la estructura porque la misma fue diseñada cabalmente para facilitar que cualquier sinvergí¼enza se enriquezca con el dinero público. Y no estoy hablando nada más de los más marrulleros entre los polí­ticos, sino que de manera muy especial de los que han sofisticado el latrocinio, creando mecanismos inmorales e ilegales para encubrir su enriquecimiento ilí­cito y los favores que hacen a sus financistas. El nuestro es un Estado profundamente corrupto que no da la menor muestra de regeneración.