Los movimientos campesinos, la protesta estudiantil, los reclamos sindicales, la sorda queja de las amas de casa y de los usuarios del transporte colectivo, urbano y extraurbano, fueron las grandes resistencias sociales que se dieron durante el primer año de gobierno.

Se trató de activar la conciencia popular contra el olvido y contra la impunidad gubernamental, se pugnó por el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en este ciclo de violencia deshumanizada, pues aún no se resuelve el problema de los miles de muertes y desapariciones en los años de guerra.

El reconocimiento de la experiencia del horror, es invisibilizado: se niega la posibilidad jurídica de una verdad, el Estado trabaja sobre el olvido, no se ven ellos mismos como parte de esa lógica de la impunidad que vive la sociedad. Las historias de injusticias sociales sistemáticamente las borran de sus agendas políticas, no las relacionan con la responsabilidad directa del Estado con la sociedad; su criminalización, es el ámbito en el que las víctimas dejan de ser tales porque los ciudadanos pasamos al terreno de la sospecha; y la última escala del horror después de la muerte violenta, es la negación de la condición misma de víctima con las declaraciones justificativas de que “fueron asesinados por otro grupo con el que tienen rivalidad”. 
    El Ministerio de Gobernación no tiene un cuadro de condiciones del homicidio contemporáneo, el mismo gobierno oculta información o se carece de condiciones para establecer los motivos de esta oleada criminal sobre la sociedad.

En Guatemala se debe reconocer los derechos básicos de las víctimas; como ayuda, atención, asistencia, acceso a la justicia, y hasta “reparación integral” del daño; en fin, lo que significa el reconocimiento por parte del Estado de la violencia sistemática contra la sociedad y de la violación de sus derechos humanos.  En este ciclo de guerra contra el crimen organizado, contra la delincuencia común, contra la delincuencia de cuello blanco, contra la delincuencia de funcionarios gubernamentales, existe un abismo entre el orden legal y el país real.

La agresión sistemática contra la sociedad; no se discute el alcance ético y político de este ciclo violento, no se reconocen los testimonios de las víctimas para obtener un nuevo ciclo de memoria comprensiva y explicativa de lo que ocurre en todo el país en términos de violencia.

Aún hay mucho horror por relatar, la estructura de la violencia sigue intacta; ¿cómo el gobierno de la “mano dura” desmontará el paradigma de que la delincuencia nos tiene de rodillas? Es más, no sabemos si su objetivo será desmontarlo y hacer un uso político y funcional de la herencia de este horror.

Tampoco se ha desterrado la visión belicista en la configuración actual del Estado, todo les suena a conspiración, desestabilización, confabulación. El daño social excede el mutismo de la clase política que no responde a este problema; se debe escuchar la verdad silenciada en los testimonios de las víctimas, en los que late la no coincidencia entre realidad y verdad, entre impunidad y derecho, entre muerte violenta y justicia.