Un problema que tiene extraordinaria importancia humana detiene mi intento de discurrir sobre tópicos polí­ticos electorales de nuestro paí­s. Es un urgente problema de ciudadanos que padecen cáncer, afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Sociedad. Son ciudadanos que tenazmente, con infatigable y heroica esperanza de curarse o de prolongar años o por lo menos meses y hasta semanas de vida, mendigan los coercitivamente pagados servicios de salud que aquel ingrato instituto obligadamente debe brindarles.

Me apresuro a exponer el problema: la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad pretende suministrarle a los afiliados que padecen cáncer, un medicamento cuya marca es Gramal; pero esos afiliados afirman que ese medicamento, que ya les habí­a sido suministrado, ha provocado múltiples efectos perniciosos. Algunos de esos efectos son la anafilaxia (que es una severa reacción alérgica en todo el organismo, que puede ser mortal), y la miopatí­a (que es una enfermedad muscular, que causa debilitamiento de los músculos). Los afiliados que padecen cáncer prefieren el medicamento cuya marca es Molcass, el cual es suministrado actualmente. Lo prefieren porque no provoca los temibles efectos perniciosos que provoca Gramal.
    
     Uno de los afiliados que padecen cáncer me ha permitido conocer documentos que muestran que algunas autoridades médicas del instituto han opinado en favor del medicamento que los afiliados prefieren. Una de esas autoridades es el médico César Estuardo Hernández Monroy, Coordinador de Oncologí­a, del Servicio de Consulta Externa de Enfermedades. Este médico emitió, en el dí­a 10 de enero del presente año, “una opinión médica especializada” dirigida a la Junta Adjudicadora de Medicamentos. Su opinión es que, aunque ambos medicamentos “son eficaces”, suministrar “un medicamento con mejor perfil de tolerancia y menos efectos adversos también debe ser la principal consideración… en la elección de los tratamientos.” Hay que insistir en que  esa consideración debe ser “la principal”, y no meramente una entre varias consideraciones.
    
     Opino que la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debe concederle la máxima importancia a los efectos perniciosos de los medicamentos suministrados a los afiliados que padecen cáncer. Debe concederles tal importancia, ya para elegir el medicamento que en menor grado provoca esos efectos, ya para elegir aquel que no los provoca. No concederles esa importancia tendrí­a que ser un punible acto criminal.
    
     Es evidente que si, para lograr una misma finalidad terapéutica, hay un medicamento más barato que otro, ese medicamento debe ser elegido, porque se economizan recursos.  Empero,  un bien es más barato que otro que sirve especí­ficamente para una misma finalidad, si de él se obtiene por lo menos el mismo beneficio que aquel que se obtiene del bien más caro. Si de él no se obtiene ese beneficio, entonces puede no ser más barato, y hasta puede ser carí­simo. Es decir, deben compararse beneficios, y no solo costos. En el caso de los afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que padecen cáncer, el costo de un medicamento más barato, que provoca efectos perniciosos no provocados por uno más caro, puede ser un costo infinito, que es la muerte causada por el medicamento, y no por el cáncer mismo.
    
     Post scriptum.  Sugiero que el Procurador de los Derechos Humanos emprenda una investigación sobre los servicios médicos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social le brinda a los afiliados que padecen cáncer.