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En Guatemala la impunidad y la violencia han sido históricamente formas mediante las cuales se ejerce el poder, permitiendo abusos, corrupción y violaciones a los derechos fundamentales de la población, sobre todo el derecho a la vida.

La impunidad sigue siendo uno de los problemas estructurales para establecer un Estado Democrático de Derecho en Guatemala y la violencia sigue siendo la forma en que se enfrenta la conflictividad, desde el poder y el gobierno.

Según estadí­sticas de la PNC, hasta marzo de 2007, se han cometido en Guatemala más de 17 mil homicidios, entre los cuales existen ejecuciones extrajudiciales y limpieza social. En 2006 fue el paí­s más violento de la región, registrándose el mayor número de asesinatos de mujeres con 582 y niños con 525. El 97.3 % de estos homicidios y feminicidios permanecen en la impunidad.

Existe un ví­nculo entre los grupos de la guerra sucia del pasado con los actuales grupos que operan en Guatemala y estos a su vez tienen una relación con algunos miembros del poder económico, estas son las verdaderas fuerzas en contra de la CICIG.

Desarrollar un instrumento como la CICIG que pretenda variar esta lógica del poder tiene especial importancia y trascendencia, así­ como complejidad y dificultad. El gran aporte de la CICIG va en la dirección de fortalecer la capacidad de investigación del Estado y contar con apoyo externo para realizarlo, ya que está comprobado la debilidad de las instituciones nacionales y la infiltración por parte de grupos del poder.

Las facultades que el Acuerdo otorga a la CICIG dentro del proceso penal son las siguientes:

1) Promover la persecución penal por medio de la denuncia ante las autoridades correspondientes (artí­culo 3 inciso b);

2) Constituirse en querellante adhesivo de conformidad con el Acuerdo y el Código Procesal Penal (art.3 inciso b);

3) Asesorar técnicamente a las instituciones competentes del Estado en la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por los CIACS (artí­culo 3 inciso c);

4) Solicitar al Ministerio Público la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los testigos, ví­ctimas y todos aquellos que colaboren en su investigación y monitorear la implementación y cumplimiento de la misma (artí­culo 3 inciso i. Esta facultad puede ejercerla dentro o fuera de procesos penales).

La complejidad y la verdadera dificultad para aprobar la CICIG es que hay grupos del poder que pretenden seguir usando la violencia, como en el pasado, con total impunidad para obtener mayores cuotas de poder, es una de las razones por las que se han incrementado los allanamientos y amenazas a defensores de los derechos humanos.

Existen varios grupos opositores de la CICIG, que perciben su implementación como parte de una estrategia de venganza polí­tica histórica, otros como un instrumento de grupos de poder que manejan al Ministerio Público y que la pueden utilizar como forma de persecución polí­tica, protegiendo a sus propios grupos.

Para paralizar la aprobación de la Comisión hay fuerzas polí­ticas que han contratado abogados sólo para justificar y respaldar su rechazo a la implementación. La aprobación de la CICIG necesita de voluntad polí­tica, que evidentemente no la tienen la mayorí­a de partidos polí­ticos representados en el Congreso.

A pesar de todo eso, la aprobación de la CICIG va superando los diferentes obstáculos que enfrenta: La Corte de Constitucionalidad emitió dictamen en que establece la constitucionalidad de cada uno de los artí­culos del Acuerdo, los argumentos de que su creación violenta la soberaní­a han perdido fuerza y los medios de comunicación han visibilizado claramente la necesidad y la importancia que tiene para el paí­s.

La Comunidad Internacional apoya la CICIG y establece garantí­as de funcionamiento financiero y apoyo polí­tico. El Congreso tiene la oportunidad histórica, de estar por encima de intereses particulares y de grupo y contribuir al fin de la impunidad. Si no lo hacen, deberán pagar el costo polí­tico como diputados que están a favor de la violencia, la corrupción y la impunidad.