Hay que reconocer el trabajo acucioso que realiza la diputada Nineth Montenegro al escudriñar en las ejecuciones presupuestarias para detectar distintas anomalías que nunca son tomadas en cuenta por la Contraloría de Cuentas y tampoco por los grupos que presumen de velar por la transparencia. Ayer la diputada informó sobre las carreras realizadas a última hora por el gobierno anterior para realizar millonarias transferencias de partidas en el presupuesto, a fin de no dejar sin ejecutar prácticamente nada y dando nuevamente al Ministerio de Comunicaciones millonarias sumas para que continuara con sus manejos tan discutibles.
Ya antes el ministro de Comunicaciones saliente había dicho que el aumento de la deuda flotante del ministerio, que pasó de 300 millones a más de dos mil millones, era resultado de las operaciones realizadas en los últimos días de gestión, lo cual resulta increíble. Pero si a ello sumamos que no sólo creció la deuda flotante en esa suma, sino que se hicieron transferencias por casi mil millones, es justo que nos preguntemos: ¿Y qué hicieron con todo ese dinero?
El actual Fiscal General inició un proceso penal hace cuatro años contra el ex presidente Portillo por las transferencias que en su calidad de Presidente autorizó. Como se recordará, al no ser el Presidente de la República responsable del manejo de alguna cuenta sobre la que deba rendir cuentas, no podía procesársele por peculado y la Fiscalía consideró que haber autorizado las transferencias era causal de delito. Siguiendo la lógica de aquellos días, uno pensaría que el mismo Fiscal estaría ya preparando acciones en contra del presidente Berger porque, como dijimos en su momento, si autorizar las transferencias era constitutivo de delito, todos los Presidentes de la República estarían sometidos a procesos similares.
Cada día es más evidente que el Ministerio de Comunicaciones fue la caja chica del anterior gobierno y que por allí se canalizaron los recursos con la mayor liberalidad. Se llegó al extremo de transferirle dinero del Ministerio de Educación que siempre está corto de recursos, y hasta del Ministerio de Gobernación que tiene la responsabilidad fallida de proporcionar seguridad a los ciudadanos guatemaltecos. Y el último mes de gobierno no fue excepción porque nuevamente se raspó la olla para no dejar recursos en el fondo común, sino que todos fueron trasladados a ese cuestionado Ministerio donde desde hace muchos gobiernos se viene haciendo micos y pericos, de manera muy sofisticada, con los recursos públicos.
Ojalá que se investigue a fondo cómo se procedió con esos recursos, qué se hizo en medio del desorden de tantas transferencias, de manera que ese mecanismo administrativo no sirva para propiciar nuevas formas de enriquecimiento.