Hace algunos meses me enteré de la existencia del término “termitas fiscales”, de la aguda pluma del economista español Joaquín Estefanía, Director del prestigiado diario madrileño El País, quien interpreta tal término tomándolo de un escrito del economista del Fondo Monetario Vito Tanzi.

De acuerdo con Estefanía,  con tal etiqueta nos referimos a “quienes  corroen los cimientos del sistema tributario a través de exenciones, exacciones, deducciones, desgravaciones (que se crean para una coyuntura excepcional y se hacen permanentes), beneficiándose de modo prioritario de lo que pagan sus conciudadanos a través de la utilización del gasto público para sus intereses”.
De acuerdo con Tanzi, es probable que la globalización tenga un verdadero efecto negativo en la capacidad de los países para obtener ingresos a través de su sistema tributario. Y es que,  el uso de dinero electrónico, el comercio entre empresas regionales, la presencia de paraísos fiscales, la utilización de nuevos instrumentos financieros para canalizar ahorro, la falta de voluntad de los países para gravar el capital financiero y el ingreso de las personas con especialidades de alto valor de mercado, son tan sólo algunos ejemplos de la plaga de termitas.
En las últimas semanas se ha visto una gran cantidad de desplegados de anuncios en la prensa, principalmente liderados por oficinas de contadores públicos y abogados, que se dan a la tarea de traducir al español los intrincados vericuetos, primero de la ley antievasión II y luego de las leyes de Actualización Fiscal.
Estoy muy seguro que el gran chance de todos estos profesionales reside más que todo en encontrar los entramados de la legislación tributaria que afectan, primero a las empresas adscritas al régimen del 25 por ciento del Impuesto sobre la Renta, y segundo a quienes reciben dividendos, y son parte de la escasa clase capitalista de este país. Es en esos tramos en donde se concentra el termitismo fiscal de este país.
Para el resto de conciudadanos, léase los pequeños contribuyentes, los profesionales independientes y los trabajadores en situación de dependencia, constituir esos entramados y telarañas de empresas offshore y préstamos interempresas es una actividad imposible; en virtud de que, primeramente se vive el día a día en esos ambientes, y con la crisis del transporte, las lejanías con los centros de trabajo y demás menesteres constituir esas telarañas ocuparía casi todo el tiempo dedicado a la supervivencia diaria.
Resulta evidente que en uno de los países del mundo con una de las más altas disparidades en los ingresos, para aquellas empresas que tienen la posibilidad de deducir gastos y buscar por todos los medios exacciones de todo tipo, así como para aquellos pocos capitalistas que viven de los dividendos bancarios y de empresas como las de importación de vehículos o industrias oligopólicas, habrá un ejército de contadores y abogados tratando de minimizar el pago, siendo una actividad cuyo costo es tremendamente menor a los beneficios que genera a este pequeño grupo privilegiado de contribuyentes.
Es por ello, a todas luces, que las estructuras impositivas debieran ser muy simples. Los impuestos sobre los ingresos brutos, y el cálculo de las rentas presuntas sobre dividendos, bancarios, industriales y comerciales debieran ser una de las soluciones a este entuerto. Sin embargo, en aras de la “progresividad”, y pensando en hacer su agosto de esas improductivas tramitologías, muchos colegas y tanques de pensamiento ni siquiera se atreven a proponerlo.