Tal como se concibe el sistema democrático representativo, ningún Gobierno que se precie, pretenda o aspire a que se le califique como tal puede funcionar sin la existencia de partidos políticos, porque se presume que son las herramientas que utilizan los ciudadanos para manifestar su inclinación ideológica y para delegar su autoridad en los organismos del Estado, ya sea en forma directa, como en el caso del Ejecutivo y Legislativo, o indirecta, en lo que atañe al Judicial, y otras instituciones de primer orden en la estructura organizada de la Nación.

Mediante esta empírica premisa se entiende, entonces, que los partidos políticos son las colectividades imprescindibles para la existencia de un Estado de derecho, a fin de que el ejercicio del poder no se convierta en un instrumento del abuso, arbitrariedad y toda fuente de ilegalidades, a la vez que determina que todos los grupos de una sociedad estén equitativamente representados, en igualdad de condiciones y de oportunidades.

Formulo estas divagaciones a propósito de que se intenta actualizar la pretensión de que se inicie el proceso de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con el objetivo de blindar los controles a esas agrupaciones y limitar y transparentar el financiamiento de las mismas, entre otros propósitos, según lo ha anunciado el Tribunal Supremo Electoral, y en ese entendido han comenzado los acercamientos con la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República.

¡Aquí está el ajo!, dijera una erudita cocinera, porque con todo el respeto que me merecen algunos pocos diputados que conservan su dignidad y que podrían estar dispuestos a despojarse de sus intereses personales y partidistas, la mayoría de los parlamentarios lo que menos anhelan es perder los privilegios que han alcanzado, conservado y reforzado, pese a las promesas formuladas en las campañas electorales; y porque en vez de pellejo se han revestido de caparazones de tortugas para evitar que las abundantes críticas que se formulan a sus perversas acciones puedan lastimar ligeramente sus cuerudas susceptibilidades que un día muy lejano, que se pierde en la nebulosa de las historia política del país, se consideró que eran de naturaleza humana.

No se requiere haber obtenido un doctorado, maestría, licenciatura o simple diplomado en disciplinas relacionadas con la actividad política, ni tampoco es preciso devanarse los sesos en largas, profundas y exhaustivas jornadas de reflexión para arribar a una sencilla y simple conclusión que conduzca a establecer con meridiana claridad –para utilizar una expresión de antaño- que para iniciar la modernización del sistema electoral y político es insoslayable que se proceda a la democratización de los mismos partidos, porque, de lo contrario, si persiste el método, para decirlo con pedante elegancia, o la práctica que prevalece en lo que atañe a la conducción de esos colectivos y a la designación de sus candidatos a los diversos cargos internos y de elección popular, mejor no debería perderse tiempo e hipotéticos esfuerzos en frívolas y estériles discusiones.

Mientras los partidos continúen siendo propiedad de un cacique o de un reducido grupo de individuos a los que únicamente les conmueve mantener bajo su control esas organizaciones, para contar con espacios y tiempos dedicados a las subterráneas y maliciosas negociaciones, no vale la pena ningún debate que aspire a que se realicen radicales transformaciones a la Ley Electoral, en vista de que los políticos que actualmente ejercen el control de sus partidos por babosos si van a querer dejar las riendas de esas bestias en manos ajenas a las confabulaciones, trapisondas, engaños y mañas que caracterizan desde hace décadas a esas agrupaciones en las que campea el cinismo, el engaño, la ilegalidad e ilegitimidad.
   (El preanalista romántico Romualdo Tishudo leyó en alguna parte esta sentencia: -Las convicciones políticas son como la virginidad… una vez perdidas, no se recuperan jamás).