El pasado 4 de octubre, la habitual desolación de la carretera que atraviesa lo que se conoce como la Cumbre de Alaska no existía, alrededor de 3 mil personas, pertenecientes a lo que se denomina los 48 cantones de Totonicapán, habían bloqueado la ruta.
Los motivos, oposición a la modificación de la carrera magisterial, oposición a las reformas constitucionales y sobre todo una oposición férrea al cobro de los servicios de energía eléctrica, eran el caldo de cultivo que había aglutinado el movimiento que para las ocho de la mañana ya bloqueaba la carretera Interamericana a la altura del kilómetro 170.
De conformidad con la investigación presentada por el MP, a eso de las diez de la mañana, fuerzas del FEP y de la PNC habían tomado posición sobre la carretera, a una distancia prudente de donde se encontraba el núcleo de manifestantes, así mismo miembros del Ejército, de la denominada Brigada de Seguridad Ciudadana habían partido desde la Ciudad de Guatemala, bajo el mando del Coronel Juan Chiroy, con órdenes de prestar apoyo a las fuerzas del FEP y de la PNC, en lo que era hasta ese momento una misión legítima, despejar la ruta para permitir la movilidad de las personas que se encontraban afectadas por la manifestación. De conformidad con la investigación divulgada por el MP, al momento de encontrarse los efectivos del Ejército con las fuerzas Policiales, estas últimas advirtieron al Coronel Chiroy que se abstuviera de continuar hacia donde se encontraban los manifestantes, toda vez que la situación no lo aconsejaba. Al parecer, el Coronel no acogió la instrucción y continúo hasta situar su tropa a unos quinientos metros de donde se encontraba la manifestación. A partir de ese momento las versiones son variadas, en un inició se habló de disparos provenientes del arma de un agente de seguridad privado quien portaba una escopeta, también se habló e incluso varios miembros de gobierno así lo manifestaron que el personal de tropa no iba armado y que no habían disparado. Luego de las autopsias correspondientes, se sabe que los manifestantes que murieron, fallecieron por heridas causadas por armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y si bien la mayoría de la tropa no portaba armas, el contingente si incluía soldados que portaban fusiles Galil y estos dispararon. El MP presentó una interesante secuencia de planos y cuadrantes en donde se puede apreciar que los manifestantes se desplazaron hacia donde se encontraba el Coronel y su tropa y no a la inversa, también la investigación indica que el Coronel abandonó a su tropa y no es difícil suponer que los soldados al verse amenazados y sin su superior, actuaron en estado de emoción violenta motivados por el miedo a perder su propia vida como en infinidad de ocasiones ha sucedido en Guatemala cuando se han dado linchamientos. Los muertos y los heridos existen, sin duda hubo negligencia y falta de previsión, debe de probarse el abandono del cargo por el oficial superior y si hubo o no uso razonable de la fuerza. Las víctimas y sus familias merecen justicia, pero esta, para serlo, debe de ser objetiva. La acusación hoy es por el delito de ejecución extrajudicial, el cual determina que quien por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado, privare, en cualquier forma, de la vida a una o más personas, por motivos políticos o aun cuando no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. Las responsabilidades de lo acontecido en la Cumbre de Alaska existen, los responsables deben de ser juzgados, condenados y cumplir las penas correspondientes por los delitos que se hayan probado y tipificado en un juicio, imparcial y sin presiones de ninguna naturaleza.