La reforma política y electoral es el instrumento por excelencia para adaptar los sistemas electorales y de partidos políticos a las visiones, demandas y aspiraciones de las sociedades. Puede producir una profundización de la democracia, en la medida que los partidos, responsables de aprobar esas reformas, tengan la capacidad de leer la nueva política que viene surgiendo en el mundo y las demandas de cambio que las sociedades presentan.

La reforma electoral latinoamericana ha venido apuntando a concretar algunos fines: reducir las desigualdades entre los actores políticos, de manera que se generen sistemas partidarios y electorales más equitativos y competitivos; aumentar la capacidad de inclusión de los sistemas políticos, de manera que se mejore la calidad y profundidad de la representación; y dotar de certeza jurídica al funcionamiento de los sistemas partidarios y electorales, evitando que se generen desproporciones que favorezcan más a unos que a otros.

En el caso guatemalteco, el esfuerzo desencadenado desde el 2004 y que ahora retoman el Congreso de la República y el Tribunal Supremo Electoral, apunta en ese sentido: busca mayor equidad y competitividad mediante reformas sustantivas al régimen de financiamiento político; crea incentivos para una mayor estabilidad de los partidos; fortalece las capacidades y mecanismos de control sobre los partidos y especialmente sobre sus finanzas; fortalece al organismo electoral; etc. Esto apunta en el sentido correcto y permite esperar un avance normativo de cierto calado en la modernización del sistema político.

No obstante, existen temas que siguen pendientes y que no deben ser evadidos; tienen que ver con la mejora de la calidad de la representación política, a partir de aumentar los niveles de inclusión de aquellos segmentos de población que enfrentan situaciones de marginación en el acceso al poder. La preocupación por la inclusión ha llevado a 14 de los 18 países de América Latina a crear mecanismos de acción afirmativa para las mujeres; Guatemala forma parte de ese 22% de los países de la región que todavía no aprueban este tipo de medidas y que muestra niveles insuficientes de inclusión de las mujeres y otros actores relevantes.

Dejar de lado el debate sobre la inclusión de las mujeres afecta la calidad de la democracia; decir que el debate no es pertinente porque subvalora a las mujeres, refiere a falta de conocimiento sobre el sentido de los mecanismos de acción afirmativa; decir que no hay mujeres suficientes para postular, es menos una razón de peso y más una prueba de que no se está haciendo suficiente para incorporarlas; oponerse al debate aduciendo que las mujeres no están preparadas, es una expresión de desigualdad por cuanto se les aplica un criterio que no se aplica a los hombres.

Guatemala debe debatir el tema no solo porque existen propuestas consistentes en la materia,  sino porque es un déficit democrático que debe superarse, porque ha quedado demostrado en la región que la participación activa de las mujeres enriquece y cualifica los partidos y las elecciones; y, por supuesto, porque no puede construirse y sostenerse un sistema político democrático si el mismo no refleja en su conformación y proporción, a los grupos que integran la sociedad en la que existe.

*Director Residente en Guatemala del Instituto Nacional Demócrata (NDI).