A diferencia de los anteriores procesos de deliberación de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el de este año ya valió la pena solo por el hecho de haber sido diseñado e implementado como un ejercicio que incluyó la opinión y propuesta de la sociedad civil. Hacerlo de esta manera socializada es un reto para los políticos, especialmente para los diputados de la Comisión de Asuntos Electorales porque no se puede abrir la puerta sin pasar al invitado adelante, es decir, no valdrá solo el gesto de escucharlos en sendos actos, sin entablar un diálogo sobre sus opiniones al respecto de la modernización de las reglas del juego en torno al sistema electoral y al sistema partidario.

Dicho gesto también conlleva el beneficio de profundizar y hacer valer la función de representación del Parlamento. La circunstancia para bien o para mal que esta ley puede ser reformada por los que son objeto y sujeto a la vez de la misma, puede ser atenuada si las decisiones conllevan la legitimidad de un proceso deliberativo que ha incluido la voz de los otros que también son protagonistas como los son los ciudadanos. Afortunadamente el diálogo parece que toma rumbo en la sala; la pasada semana el grupo llamado Convergencia Política por la Reforma Nacional, Conarep, presentó su propuesta de reformas al instrumento normativo en cuestión, en un documento serio y evidentemente fruto de debate y sustentación técnica sobre cinco grandes áreas,  convirtiéndose de esta forma en una propuesta integral y no parcial o superficial. A continuación algunas valoraciones específicas sobre las propuestas: en la primera dimensión sobre partidos políticos y comités cívicos; la idea de hacer permanentes a los comités cívicos y por otro lado crear la figura de los partidos distritales se contravendrán en la práctica; me parece que la primera figura puede contener las demandas de la segunda y, además, se evitaría el riesgo en mi criterio, es un sistema político atomizado. Sobre el área del financiamiento político, que dicho sea de paso, debe ser en cualquier reforma el alma de la misma, la propuesta es innovadora al diferenciar la naturaleza y el destino del mismo. En mi criterio la propuesta se quedó tímida y no está bien explicada en el documento público. Si se quiere contrarrestar la privatización de la política hay que inyectarle recursos públicos suficientes. La sugerencia de otorgar en una proporción del 80% el financiamiento electoral sobre el ordinario se queda corta; sería más real que dicha proporcionalidad fuera del 100% puesto que luego, según la propuesta de Conarep, se derivaría una cantidad como financiamiento indirecto del 60% otorgado por la autoridad electoral como franjas en medios de comunicación. A los precios actuales esa cantidad apenas alcanzaría unos noventa millones de quetzales, lo cual no es real tomando en consideración los costos de la última campaña, solo en lo que al rubro mediático se gastó. Acerca de la institucionalidad electoral, es emprendedora la propuesta de la separación de funciones, aunque así como se impone inyectar amplios recursos públicos a los partidos, el modelo de crear entes separados implicaría indicar de dónde y cuánto dinero merecería este esquema. El área cuarta de la propuesta sobre equidad de género la ligo con la última sobre proceso electoral. Es poco compatible por decir incontrolable, un modelo de listas abiertas electorales estableciendo a su vez un sistema de paridad de género y étnico. Finalmente, en el debate sobre el modelo de sistema electoral, la pregunta que hay que hacerse siempre es qué se requiere para estabilizar el modelo, más representatividad o mayor grado de gobernabilidad.