El Gobierno se propone impulsar una serie de reformas constitucionales en los meses que faltan para las elecciones generales, de suerte que se aproveche la concurrencia del pueblo a las urnas para someter a aprobación los cambios a la Constitución Política y, según se dice, la decisión de trascendental importancia sobre el curso que debe darse a la reclamación por Belice. Inclusive se dijo que esa consulta podría ser programada para la segunda vuelta, pensando en no complicar más las cosas en septiembre, cuando el elector tenga que lidiar con las papeletas de la elección presidencial, de diputados, de alcaldes y hasta de diputados del Parlamento Centroamericano. Hay que recordar, sin embargo, que la segunda vuelta no es una certeza absoluta, por mucho que así lo indiquen las encuestas y que está contemplada como un evento extraordinario en la legislación y no como algo fatal y definitivo.
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El gran dulce para hacer atractivas las reformas entre un pueblo al que le viene del norte lo que tenga que ver con civismo y democracia es la reducción del número de diputados. Seguramente que esa iniciativa hará que todos los guatemaltecos nos dispongamos a hacer cola para dar nuestro voto a favor de cualquier conjunto de reformas que contenga esa medida para demostrar repudio a la forma en que los diputados se han comportado.
Pero hará falta más que deseo de ir a hacer cola para votar para concretar el anhelo, porque la decisión tiene que ser tomada cabalmente por los diputados al Congreso de la República, quienes por mandato constitucional son los únicos que pueden aprobar una reforma que luego se somete a referéndum popular. Y aunque la reducción no vaya a operar para el próximo período, serán los diputados y los partidos los que tienen que dar el sí y sin una fuerte presión de opinión pública para obligarlos no vemos cómo pueda lograrse que este Congreso fragmentado y en manos de la oposición pueda dar luz verde a la iniciativa del Gobierno. Los diputados, por si no lo recuerdan algunos, tienen cuero de danta y les importará un pepino lo que diga el resto de la gente y lo que diga el Presidente si ven que de alguna manera su futuro se puede ver amenazado.
Personalmente estoy convencido de que hacen falta reformas constitucionales para devolverle al Estado su capacidad reguladora y para hacerlo más fuerte de manera que evite la proliferación de poderes paralelos que se han adueñado del país y que no parecen tener límite en sus ambiciones. Creo que debemos tener un serio debate nacional sobre la materia y que esta campaña tiene que centrarse alrededor de ese tema más que en las eternas y vacías promesas de todas las campañas. Si vivimos bajo un Estado fallido, es urgente que le devolvamos la capacidad de actuar para alejar ese peligro de ingobernabilidad que se acrecienta en la medida en que el crimen organizado y el narcotráfico se convierten en los nuevos poderes fácticos de peso que compiten con los tradicionales para ejercer el dominio real de la situación.
Pero hará falta mucho para convencer a nuestros diputados a emprender un proceso de reforma sensato que se aleje de las sempiternas ambiciones que dieron paso, en la constituyente de 1985, a un sistema que fuera de los avances en garantías individuales y derechos humanos, cimentó y consolidó el poder de las roscas políticas de entonces. Y siendo éstas tan incapaces, vinieron a menos dejando la mesa servida a los que sí saben cómo se mueve la melcocha.