La actual Ley Electoral, artículos 219 al 223, establece y determina todo lo relativo a la propaganda electoral y conlleva una serie de normas precisas, tanto para los partidos políticos, para los medios de comunicación social, como para la ciudadanía en general; sin embargo, es evidente que previo a la convocatoria, la mayoría de partidos políticos están realizando una evidente propaganda política en televisión, radio, vallas publicitarias, pintas, etcétera. ¿Cuál será la interpretación que el Tribunal Supremo Electoral realizará al respecto? Estos significativos gastos son o no parte del techo de inversión en propaganda electoral.
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El esfuerzo realizado en la reforma a esta ley se hizo con el objeto de que exista una relativa igualdad en la participación de los partidos políticos y sus candidatos, a través de la propaganda. Los votantes y la población, en general, se ven influenciados por todas esas manifestaciones que le proponen los partidos y los candidatos. ¿Cómo está efectuando ese control el TSE? Está realmente preparado para cuantificar y fiscalizar la inversión en propaganda electoral o simplemente adoptará una política de avestruz.
La democracia implica igualdad de oportunidades, pero existen grupos de poder oculto, especialmente en la cúpula empresarial, que no vacilan en «invertir» para después cobrar sus aportes con creces.
Los partidos políticos de centro y de izquierda recibirán mucho menos aportes de la cúpula empresarial que los partidos que tradicionalmente le son afines a sus inversiones, a sus intereses y a su cobro o pago de favores. He ahí el tema más delicado de las próximas elecciones. Si el Tribunal Supremo Electoral no actúa de forma eficiente y transparente, e informa a la ciudadanía lo que está aconteciendo con los aportes, con la inversión de los grupos de poder, en el próximo evento electoral estará renunciando a la más importante función que la ley le faculta y el futuro de la democracia conlleva.
Los ciudadanos responsables, quienes se precian de defender el Estado de Derecho y la legalidad, tienen la obligación moral de manifestarse, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? El TSE, los medios de prensa, los organismos fiscalizadores del Estado de Derecho o simplemente reconocemos que nuestro país no logra encontrar e implementar la respuesta.
La propaganda vende, la propaganda desinforma, la propaganda permite «que el que tiene más saliva trague más pinol». Es importante que los colegios profesionales, como el Colegio de Economistas, el de Auditores y Contadores Públicos y el Colegio de Abogados y Notarios, voluntariamente ofrezcan -de forma ad honorem- y colaboren con el Tribunal Supremo Electoral, a partir del día de la convocatoria, corroborando la aplicación y observancia de la Ley Electoral, especialmente en lo que es la inversión de los partidos políticos, de los candidatos en la propaganda electoral y la observancia en general a la Ley Electoral.
Continuará.