Debe hacerse público cuánto gana un magistrado del TSE, cuáles son los beneficios que permanentemente tiene (vehí­culo, piloto, seguridad, combustibles y viajes a múltiples eventos en el extranjero). Ellos y el personal administrativo perciben ingresos y beneficios económicos los 365 dí­as de cada año y salvo el leve trabajo administrativo de empadronamiento y el velar por la observancia de la ley por parte de los partidos y organizaciones polí­ticas, no tienen mayor esfuerzo que hacer más que cada cuatro años cuando se realizan elecciones generales.

Invertir Q409 millones para un paí­s pobre como el nuestro es una enorme cantidad. Cualquier empresario o economista analizarí­a cuál será el resultado de ese gasto, cuál es el número de ciudadanos que concurren a votar. Es sumamente importante la fiscalización del uso y destino del presupuesto y el porqué de ese enorme incremento.

Comparemos el presupuesto de gastos administrativos para las próximas lecciones que propuso el TSE con los gastos de campaña de los partidos polí­ticos. Prácticamente, lo que el Tribunal requiere para efectuar el evento eleccionario es igual a la suma de la inversión de más de nueve partidos polí­ticos, asumiendo que esos partidos invertirán el máximo de Q44 millones que la ley les permite. El monto obliga al análisis, especialmente en los siguientes aspectos:

Admitir públicamente que gastarán en las elecciones Q45 millones en horas extras en su personal de planta y temporal, es evidenciar que las elecciones son para el TSE una mina de oro. A ello se agrega la pretensión de contratar 4,205 empleados temporales con un gasto de Q71 millones, más Q10 millones en concepto de aporte patronal al IGSS y Q10 millones de indemnización a personal temporal, rebasando sólo con estos renglones el total de gastos de las elecciones anteriores.

También es cuestionable los Q21.8 millones para comprar nueve vehí­culos, 1,300 faxes (equipo ya obsoleto para la transmisión de datos, existiendo el Internet), 270 palms, 500 teléfonos celulares, 1095 computadoras de escritorio, más 900 UPS y 900 impresoras, que sólo se utilizarí­an dos semanas como máximo. También, 35 plantas eléctricas para dos dí­as de uso y cuatro montacargas hidráulicos, bienes que en una próxima elección estarí­an obsoletos o deteriorados, existiendo la alternativa de alquilar todos esos equipos a mucho menor costo, a no ser que el TSE esté aprovechando las elecciones para sobre-equiparse.

Es censurable que en lugar de depender de los servicios de seguridad y vigilancia de la fuerza pública, como se hace en la mayorí­a de paí­ses, se pretende invertir Q19 millones en servicios privados de vigilancia, transporte de papeletas electorales, primas de seguro y fianzas.

El presupuesto incluye Q48 millones en gastos de representación de las juntas electorales departamentales, municipales y dietas a fiscales de los partidos polí­ticos. Este enorme gasto es aproximadamente 50 veces mayor que el de la elección anterior.

El TSE incluyó una elevadí­sima partida para invitar a colegas de los diferentes tribunales electorales de América Latina, quienes no vienen a realizar una efectiva observación; vienen al paí­s con gastos pagados, dos o tres dí­as antes, asisten a dos o tres cócteles, se alojan en hoteles de cinco estrellas y observan la elección dos o tres horas en La Antigua, Chichicastenango o Atitlán y de vuelta a la capital, sin mayor efecto.

En conclusión, hay que dotar al Tribunal Supremo Electoral de un presupuesto extraordinario, realista y adecuado, pero no permitir el exceso de burocracia, ni el exceso de adquisiciones o compras de servicios.

Continuará.