Hay entidades que ocultando la verdad o tergiversando la información pretenden aclarar errores, ilegalidades o decisiones que lo único que provocan en la opinión pública es confundirla más o peor todavía terminan hundiéndose en el fango de la ignominia. La publicación que recientemente hiciera la Dirección de Aeronáutica Civil en un matutino, sobre el sonado caso en que se han perjudicado los intereses a las entidades de servicio social tales como la Sociedad Protectora del Niño, el Centro de Integración Familiar y la Asociación de Señoras de la Caridad no es la excepción, pues pretende cubrir intencionalmente lo que ha venido ocurriendo o le asigna nombres o calificativos que están muy lejos de ser la realidad.
Por ejemplo, dice Aeronáutica Civil que su postura institucional es de compromiso con la certeza jurídica o de respeto a la ley, olvidándose que el contrato de arrendamiento que se firmó con el Grupo Wisa Sociedad Anónima, por un espacio dentro del área internacional del aeropuerto La Aurora, fue calificado de ilegal por la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación ¿Cómo es posible entonces esperar veracidad en lo que dice dicha publicación, cuando intencionalmente omiten el área que se concedió a la entidad extranjera en el referido contrato de diez (10) locales de 229 metros cuadrados cada uno, sin haber cumplido con el debido proceso de licitación que establece la ley y en cambio, a las tiendas de las tres entidades de servicio social sólo se les dio un local de 600 metros cuadrados que debían compartir? ¿A eso se le podrá llamar equitativa y justa distribución?
Ahora más que nunca queda demostrado que hubo y sigue habiendo discriminación, así como trato preferencial por intereses puramente mercantilistas, sin ponerse a pensar, como dije en comentario anterior, en los beneficios que las entidades indicadas han dado a nuestra sociedad a lo largo de 40 años, sustituyendo aquellos programas que el Estado no ha podido prestar por diversas circunstancias, que por el momento no viene al caso pormenorizar.
¿Si es cierto el compromiso que dicen tener las autoridades de Aeronáutica con la certeza jurídica, cómo es posible que a la fecha se hayan rechazado hasta una docena de recursos interpuestos, cuando la totalidad de las utilidades provenientes de las llamadas tiendas o puertos libres se destinan a obras y desarrollo social? Queda claro entonces que sí hay y sigue habiendo marcado interés de parte de Aeronáutica en despojar de ingresos y oportunidades de ventas a entidades que debieran recibir todo el apoyo del Estado, claro está, cumpliendo con las normas legales que lo rigen. Finalmente, como de costumbre dejo una pregunta flotando en el ambiente: ¿será posible que el actual gobierno con una mano escriba que es de los pobres, cuando con la otra los perjudica?