Plantear el problema de las pensiones y de los ingresos del IGSS es fácil, pero obliga a proponer soluciones factibles de ser implementadas si existe voluntad política en el Legislativo y en el Ejecutivo.
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La primera acción es modificar, por el Congreso, la Ley Constitutiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social así: a.) La integración de su Junta Directiva debe ser tripartita: Estado, patronos y trabajadores. El Estado debe presidir a través de un titular y un suplente de Junta Directiva, siendo facultad del Presidente reemplazarlos cuando estime conveniente y así evitar las movidas que hiciera el anterior gobierno al nombrar personas ad hoc a sus intereses y dejar atado al actual gobierno por un plazo. Un segundo representante, con su suplente, debería ser el primer vicepresidente, representando al patrono Estado y a los demás patronos del sector público, también nombrado por el Ejecutivo por ser el patrono que más contribuye. Dos representantes titulares y suplentes nombrados por los patronos del sector privado, dividiendo la representación entre patronos agrícolas y patronos de los sectores comercio, industria, finanzas, servicios. De igual manera, dos representantes titulares y suplentes de los trabajadores; agrícola uno y otro de los otros sectores laborales. (Total seis titulares y seis suplentes).
b.) Es urgente modificar las normas de inversión de las reservas técnicas del Programa IVS y Programa de Enfermedad Común, estableciéndose que el seguro social puede invertir en Bonos del Tesoro del Banco de Guatemala, puede adquirir acciones de las empresas de servicios públicos (teléfonos, generación, distribución y comercialización eléctrica y empresas de agua potable). Imaginémonos lo que esto hubiera significado si al privatizar el gobierno del PAN, el seguro social hubiera recibido como pago de las deudas del Estado el 20% de las acciones de la empresa telefónica, de la Empresa Eléctrica, Deorsa y Deocsa, cuya rentabilidad -en todos los años desde que fueron privatizadas- han sido de más del 40% en el pago de sus dividendos.
También establecerse que el Seguro Social puede comprar cédulas hipotecarias del sistema FHA, lo que le otorgaría un alto rendimiento, gran seguridad en su inversión como la que han gozado diferentes bancos privados. Adicionalmente debería permitirse que el seguro social pudiera comprar bonos en dólares y en euros que estuvieran calificados como títulos de primer orden, como son -por ejemplo- los Bonos del Tesoro del gobierno norteamericano; permitirse que el seguro social comprara o financiara el desarrollo hidroeléctrico de Guatemala, que el seguro social comprara Chixoy, Los Esclavos, Jurum Marinalá, Santa Maria, Maria Linda, etc. Esto a su vez le permitiría al Estado financiar la construcción de nuevas hidroeléctricas como Xalalá.
La modificación de las normas financieras haría que el seguro social fuera el mayor inversionista, con mucha mayor rentabilidad que la que le pagan los bancos privados a quien es hoy el mayor depositario de recursos de ahorro del país, lo que a su vez permitiría que sin descapitalizarse, el seguro social pagara pensiones mucho más adecuadas a esa gran mayoría de guatemaltecos de la tercera edad.