No sé mucho del control que se puede hacer para determinar desde dónde le llegan los correos electrónicos a los blogs, ya sea sólo de Internet o como un servicio adicional de los medios escritos, pero hoy por hoy creo que se puede determinar de qué computadora llegan los mensajes, pero no todos los que administran esos blog, tienen esa facilidad o sistema de control.
¿Para qué ese control se preguntará usted?, pero hay una razón muy importante, ese control evitará que organizaciones, gobiernos o grupos de presión, partidos políticos, etc., inunden esos medios de información para moldear la opinión pública a su favor o a favor de los fines que persiguen.
Eso de querer moldear la opinión a su favor, lo hace el imperialismo, los dictadores de sistemas totalitarios y los gobiernos seudodemócratas, que crean oficinas especiales con diferentes computadoras para que no se les pueda seguir el rastro. Después cuando ya se pueda seguir la línea de Internet, esas oficinas usarán varias líneas, y así irán creando nuevas fórmulas para ir burlando los sistemas, hasta el extremo de que cada uno de los empleados enviaría los mensajes desde su propia casa y de diferentes países.
No sé si eso es lo que definen mediático, pero lo cierto es que usted encuentra mensajes supuestamente de diferentes personas, pero cuando lo lee, ve que la forma en que están redactados corresponden a la misma persona, así como aparecieron dos cartas de renuncia de dos funcionarios de un país, que era casi seguro que las dos habían sido escritas por la misma persona.
A pesar de todos esos vaivenes, yo digo que la libertad de expresión no se debe de limitar, especialmente cuando las personas además de su nombre incluyen su identificación, que ahora con el Renap, va a ser fácil determinar la validez de los datos incluidos, salvo que triunfen los que pelean porque todo sea privado.
Yo voy a externar algo que no sé si sea lo correcto, pero en esta forma de pensamiento baso mis opiniones, «cualquier ciudadano tiene el derecho de criticar a su gobierno, si sus actuaciones dejan aunque sea una pequeñísima duda de que lo que hacen, no lo hacen dentro del marco de la  honestidad y de la legalidad» y la otra es: «Ningún ciudadano tiene obligación de probar lo que supone actos deshonestos e ilegales de un gobierno, sino que es éste quien tiene la obligación de demostrar que sus actuaciones están dentro del marco de la legalidad, y si no lo fueran, es el Ministerio Público el que tiene la obligación de probarlo».