La decisión del Presidente de suprimir la utilización de ONG para ejecutar obra pública suena a presión que el gobernante está ejerciendo contra algunos diputados que se han armado con esa práctica y que ahora ponen resistencia a la aprobación de los impuestos que el Gobierno está presionando. Porque si fuera en realidad una preocupación real por la transparencia en el manejo de los fondos públicos, hubiera procedido de inmediato y con mayor firmeza en el caso de los fideicomisos que es donde se encubre lo grande en los negocios que se hacen desde el Estado. Desde siempre se ha sabido que hay fórmulas «generalmente aceptadas» mediante las cuales funcionarios de distintos niveles se salpican con comisiones o mordidas y que generalmente se traducen en obra mal hecha y de escaso o nulo beneficio para la población. Para ello se ha utilizado a las ONG porque ellas se encargan de ir borrando huellas y dificultando que pueda haber alguna fiscalización, en el caso de que alguien tuviera la remota intención de averiguar cómo se gasta el dinero del pueblo. Era a través de ese tipo de instituciones que grupos apañadores de la corrupción, como fue la misma Organización Internacional para las Migraciones y otras entidades internacionales, manejaron recursos que se asignaban corruptamente a los diputados como un auténtico sobresueldo para mantener sobornos que permitieran adelantar la llamada agenda legislativa que no es otra cosa que los negocios que le interesan al gobierno central y por los que paga mediante ese tipo de privilegios que concede a los diputados. Lo cierto del caso es que se viene corroborando lo que he dicho desde hace mucho tiempo, es decir, que el sistema administrativo nuestro fue diseñado para el hueveo, para que todos puedan robar tranquilamente y sin temor a consecuencias. Nadie quiso mover un dedo ni cambiar nada cuando se hizo el escándalo público por el caso Portillo que no ha sido, en absoluto, el más corrupto de los gobernantes sino en todo caso uno de tantos pero que no llegó a tener ni el alcance ni la sofisticación de otros que se armaron hasta los dientes. El Presidente admite ahora, por quién sabe qué razones, que las ONG son fuente de corrupción pero no dice ni pí­o de lo grande, de la forma en que se distrae la mayor cantidad de los recursos nacionales, es decir, de los fideicomisos que se constituyen con una mala fe que salta a la vista y que es demasiado obvia. Empezando porque los mismos son una figura del derecho privado que los pí­caros agarraron para hacer negocios públicos encubiertos. De allí­ en adelante, todo es asqueroso.