La Historia de Guatemala, relata de forma contundente, que los gobernantes a través de los años de dominación (1524-1821) así como de los años de libertad (1821 a la fecha) han tenido como característica su pobreza espiritual, la falta de valores cívicos y la no formación de valores éticos, circunstancia que determinó el «estilo» común de apropiarse de los fondos del erario público.
La estrato de la oligarquía así como la casta religiosa manejaron y/o administraron la Capitanía General de Guatemala a su sabor y antojo; después de la independencia ya no les fue tan fácil porque encontraron oposición «política»; sin embargo, también la oposición en su momento gobernó de acuerdo a los intereses económicos de sus integrantes.
Desde principios de los años setentas, el Gobierno de Guatemala principió a ceder espacios en la conducción del país y también admitió la injerencia extranjera en la administración financiera por medio de las ahora aberrantes ONG; las cuales, en su momento, fueron una especie de garantía de ejecución de algunos programas sociales impulsados o financiados por gobiernos extranjeros.
Sin embargo, la pobreza económica, espiritual, cívica, de valores éticos en los miles de personas que han conformado los diferentes gobiernos del país desde los años setentas, encontraron en las ONG la forma legal y fácil de apropiarse del dinero y de los bienes del Estado; en perjuicio directo de la población históricamente marginada.
Las declaraciones del Contralor General de la Nación vertidas ayer, confirman la mañosería y descaro de las personas que manejan y/o administran las instituciones públicas para desviar por medio de las ONG los fondos que DEBERíA EJECUTAR EL ESTADO POR MEDIO DE LOS MINISTERIOS EXISTENTES.
ES INMORAL E ILEGAL que las personas que en representación del Estado de Guatemala «contraten» los servicios de las ONG para eludir una obligación directa del Gobierno, lo que además, demuestra su incapacidad para la administración pública y su gula para obtener dinero fácil de forma ilícita. Si se hiciera una investigación de las ONG registradas y /o autorizadas por el Estado, se descubriría que la mayoría de estas ONG pertenecen, fueron fundadas o son dirigidas por la mayoría de personas que en su momento fueron y son funcionarios de gobierno.
Basta con leer los escándalos financieros de los gobiernos de 1986 a la fecha para corroborar el nauseabundo recuerdo de todo el dinero que le han estafado, birlado, robado y/o hueveado al pueblo de Guatemala, quien no tiene el valor suficiente para reaccionar ante este despojo al cual también se han prestado instituciones internacionales avaladas por la ONU (léase: OIM). ¿Cuándo encontraremos funcionarios honestos, correctos y además, decentes?