Como es del conocimiento público, el actual gobierno de la República ha impulsado, desde que tomó posesión, la gratuidad en la educación estatal. Como consecuencia de esta política de Estado, más de tres millones de escolares han iniciado, a partir de esta semana, un ciclo escolar que enfrenta enormes retos para tratar de dar calidad de educación a todos esos niños que merecen aprender.
Sin lugar a dudas, la educación es la piedra angular en la que se debe de basar el desarrollo de un país, no es factible aspirar a mejorar la calidad de vida de las personas y de un pueblo en general, sin que esta calidad de vida empiece por dotar a todos los ciudadanos de iguales oportunidades, mismas que pasan por el hecho de que cada niño tenga la posibilidad de aprender a leer y a escribir y que el nivel de escolaridad aumente de manera tal que se siembren las bases de un desarrollo sostenible para Guatemala.
El contrapeso de llenar las aulas de millones de niños, es el hecho de no poder satisfacer los niveles de calidad de educación, mínimos que merecen esos mismos alumnos. Es común ver en los diarios y noticieros del país, diversas imágenes que retratan unas autoridades educativas, totalmente desbordadas por la avalancha de alumnos, así como las enormes carencias de infraestructura que tienen los centros de enseñanza pública en prácticamente todos los niveles y regiones. Las escuelas, maestros, mobiliario y demás enseres no son suficientes para dotar, cuando menos de un espacio digno y materiales suficientes a los millones de alumnos que ven insatisfechas sus necesidades de educación.
Por supuesto, no es factible que un niño no tenga acceso a educación, solo por que sus padres no puedan pagar una cuota de inscripción o comprar sus útiles escolares y por supuesto es deber del Estado, según la misma Constitución lo establece, garantizar la educación a todos los Ciudadanos. Pero, ¿es esto justificativo para que los niveles de calidad de educación desciendan?
Indudablemente la respuesta es NO, el Gobierno tiene la obligación de dotar de calidad y no solo de cantidad a los distintos niveles educativos, difícil tarea cuando sabemos que este Gobierno ha elevado en más de 30 mil millones de quetzales los niveles de endeudamiento del Estado. Indudablemente el gasto del Estado debe de ser reencauzado, es necesario actuar con transparencia, eliminar las trasferencias presupuestarias que dejan lugar a dudas sobre capacidad de previsión y opacidad a la gestión gubernamental que se implementen las medidas necesarias para frenar lacras como el contrabando y la defraudación que conllevan no solo competencia desleal para el empresario honesto que paga sus impuestos, si no que limitan y condicionan las posibilidades de responder con recursos al enorme déficit que por ejemplo en la educación tiene el Estado.
Las consecuencias de no atender las necesidades de todos esos escolares, pueden ser peores que el hecho de que antes no hayan tenido acceso a la educación. Los niños corren el riesgo de ver frustradas sus aspiraciones a educarse y ver truncados sus sueños, una vez han empezado a saber que existen.