La anarquía que impera en las áreas urbanas marginales –conocidas como zonas rojas– ha provocado que las pandillas tomen el control de los territorios y los disputen entre sí, y a la vez involucren a mujeres, utilizándolas como una especie de “botines de guerra”.

Muchas están desaparecidas, otras fueron localizadas desmembradas y decapitadas, mientras que las sobrevivientes deben superar los traumas de los abusos sexuales y las amenazas de muerte constantes. ¿Cuál es el papel del Estado ante este problema? Expertas opinan que no existe prevención ni atención con enfoque de género. ¿Qué impacto tiene la indiferencia social en este y otros grandes problemas nacionales?

En la guerra callejera que libran a diario las pandillas en las zonas rojas de la Capital hay vencedores y vencidos, pero también hay víctimas colaterales que sufren las consecuencias de su violencia implacable.

Entre las afectadas se encuentran muchas adolescentes y niñas que por presiones o por encontrarse en lugares y momentos inoportunos, se posicionan en medio de los conflictos por la disputa de territorios y se convierten en una especie de botines de guerra para los grupos contrarios.

Sus historias son un reflejo de la cruenta realidad de las áreas marginales guatemaltecas, y las narraciones de sus familiares  sobre la violencia que parece incontrolable se traducen en un pedido de auxilio para las autoridades.

“NO ACEPTO QUE ESTÉ MUERTA”
El 24 de mayo de 2011 fue el último día que Silvia Martínez vio a su hija Brenda Lissete Escalante Martínez, de 17 años, quien desapareció cuando se dirigía a un centro de capacitación al que asistía con frecuencia en la zona 7.

Brenda era compañera de Melany Sucely Velásquez Barrios y Estefanie Paola Martínez García, ambas de 18 años, quienes también desaparecieron el mismo día.

La ausencia de las jóvenes generó una angustiante incertidumbre en sus familias, pero horas más tarde las dudas se disiparon cuando las cabezas de Melany y Estefanie fueron encontradas dentro de un maletín, frente a una zapatería que se ubica en la colonia Lo de Bran, en la zona 6 de Mixco.

Por el crimen de las dos jóvenes, la semana pasada el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo condenó a 70 y 80 años de prisión a cinco pandilleros de la clica Little Psycho Criminal, de la Mara 18, por  delitos contenidos en la Ley contra el Femicidio.

Se les señaló por violar, desmembrar y enterrar los restos de las víctimas en un barranco cercano a la residencia donde llevaron a cabo el crimen, en la colonia Carolingia, zona 6 de Mixco.

El relato de un testigo protegido en el caso indicaba que los asesinatos se cometieron en forma de ritual; los pandilleros denominaron el acto como “fiesta”, lo “celebraron” en medio de risas.

Martínez dice que lo preocupante del caso es que su hija no apareció, aunque el día en que fueron localizadas las cabezas de Melany y Estefanie supuso que también estaría la de Brenda, pues aparentemente habían estado juntas. Sin embargo, hasta hoy la angustia le quita el sueño.

“Yo he estado mal. Me dio punto de derrame y tomo pastillas para dormir porque no logro aceptar que ella esté muerta. Ya pasaron casi dos años y me han dicho que existe la posibilidad que no viva, pero yo digo que no, yo siento que ella no está muerta, no lo acepto”, dice Silvia, quien relata la historia entre lágrimas.

Según la entrevistada, cuatro meses después de que Brenda desapareció recibió varios mensajes de texto desde el celular de su hija, en los que le decían que la joven estaba viva, pero encerrada en manos de un pandillero detenido en el Preventivo de Hombres de la zona 18.

Cuando la joven desapareció tenía siete meses de gestación y Silvia cree que su hija pudo huir por esa situación, sin embargo la preocupada madre dice que nunca la hizo sentir mal por tener al bebé.

“Cuatro meses después de la desaparición, yo no sé si sería ella u otra gente por hacerme daño, me mandaron varios mensajes de texto, donde supuestamente ella –Brenda– me decía que estaba viva y que la perdonara, pero que le importaba más la vida de su hijo, y que un marero que está preso la tenía encerrada”, refiere.

¿Qué sucedió con Brenda? Nadie tiene una respuesta.

Afiches con una fotografía de su rostro y una inscripción de su nombre fueron distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, ya que la Fundación Sobrevivientes ha acompañado el caso, pero aun con esos esfuerzos no existe una respuesta del Estado para determinar lo que sucedió.

La Hora consultó a fuentes del Ministerio Público (MP) para conocer más detalles de la investigación, pero no ofrecieron mayor información.

OLVIDADAS EN UN BARRANCO
Algunos afirman que las víctimas de las clicas Los Metales y Los Caballos fueron torturadas y violadas, y sus restos todavía se encuentran en la profundidad del barranco que colinda con la Escuela Fe y Alegría, que se ubica en la 3ª. avenida y 43 calle de Ciudad Peronia, zona 8 de Mixco.

Las víctimas, según los residentes, eran hermanas de los pandilleros que por muchos años sembraron terror en ese lugar, hasta que en julio de 2009 intervino la iglesia evangélica para mediar entre la reconciliación de esos grupos.

“Magdalena* era mi amiga. La mataron Los Metales porque era hermana de un caballo –integrante de la clica Los Caballos–, pero ella no tenía nada que ver con ellos. Cuando pasaba por ese territorio ni siquiera los volteaba a ver, pero como ellos sabían que a su hermano le iba a doler su muerte se vengaron con ella. Un día se la llevaron del pelo, la violaron, después la tiraron al barranco. Yo me acerqué y escuché los disparos”, explica una joven que no ofrece su nombre y prefiere que le llamen Susana.

Otra de las mujeres entrevistadas en Mixco dice que las víctimas solo eran hermanas de los delincuentes; ante la falta de investigación y esclarecimiento de los hechos por las autoridades, los grupos se empoderaron para abusar y matar a otras jovencitas sin vínculos con esos grupos.

“Vimos muchos casos, las tiraron ahí, a otras las mataron porque después de que las violaban no querían dejar evidencias, solo las querían para eso”, explica.

Las fuentes consultadas dicen que la mayoría de los miembros de esas clicas “están muertos o detenidos”, sin embargo, resurgieron otras células criminales que siguen utilizando ese mecanismo de violencia.

La información proporcionada por los vecinos fue confirmada. A inmediaciones de ese barranco fueron localizadas prendas de vestir femeninas, que posiblemente podrían ser de otras víctimas.

Estos son solo algunos ejemplos ilustrativos de la alta vulnerabilidad de las mujeres en las zonas rojas.

Recientemente una víctima de violencia sexual presentó una denuncia refiriendo que la zona 7 es y ha sido un territorio donde las féminas son víctimas de abusos y describió que de niña, en la colonia Landívar, fue abusada por delincuentes cuando por falta de agua potable tenía que llegar hasta esa colonia y luego movilizarse a su vivienda en La Verbena.

“Yo crecí en La Verbena. Ahí me violaron cuando era pequeña porque no teníamos agua potable, íbamos a agarrar agua a la colonia Landívar a media noche porque era cuando caía el agua, yo viví en carne propia la pobreza y la calamidad, aparte tenía que aguantarle a mi madre abuso físico. La Verbena es un cementerio y quien se encuentra en un cementerio se encuentra en pudrición, eso es lo que sigue siendo, pudrición”, lamenta la víctima.

SIN ATENCIÓN Y ENFOQUE DE GÉNERO
Maya Alvarado, directora de la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (Unamg), considera que el Ministerio de Gobernación debería estructurar hipótesis certeras sobre los sucesos violentos que afectan a las mujeres, sin circunscribirlas en un estigma.

“Yo creo que el Ministerio de Gobernación (Mingob) tiene la responsabilidad de documentarse mejor para elaborar políticas que enfrenten de manera integral la problemática de violencia social en general. Está pendiente que se nombre al representante de la Dirección e Investigación Criminal y sería bueno reflexionar sobre las hipótesis que se deben manejar sin circunscribirlo al estigma de las víctimas, de vivir en áreas rojas, su relación con grupos delictivos; hoy la investigación se orienta a esas líneas”, dice la profesional.

Alvarado refiere que en algunos casos, donde se supone que existen vínculos entre la víctima y el victimario, regularmente esto se trata más de una relación de terror, por eso es necesario que se investiguen las muertes y la violencia contra las mujeres que residen en estas zonas.

Alba Trejo, ex comisionada Presidencial contra el Femicidio, considera que el Viceministerio de Prevención del Delito aún tiene muchas debilidades para atender los problemas, lo cual resulta preocupante.

“Como comisionada que fui vi muchas debilidades, por ejemplo las oficinas de atención a la víctima, la reacción de la policía cuando hay llamadas urgentes, el tema de las escuelas para trabajar con las niñas y las adolescentes, no podemos poner a un policía a hablar sobre enfoque de género cuando ellos también ejercen la violencia”, dice Trejo.

La otrora funcionaria destacó la necesidad de crear un plan para cada población, para que los problemas que se suscitan en las zonas y en todo el país, sean atendidos adecuadamente.

“El plan de prevención del delito debe ser específicamente de género, no puede ser dirigido para la población en general, cada población debe tener su plan específico. En el tema de las mujeres hay que otorgarles a todas las medidas de seguridad, decirles que tienen que denunciar, darles a conocer sus derechos”, indicó.

Trejo concluyó que el trabajo que se realice en las diferentes zonas debe abordarse de forma integral, pues como actualmente se hace al promover festivales musicales, no aporta mucho.

POLÍTICA DE ESTADO
Árkel Benítez, viceministro de Prevención del Delito de la Cartera del Interior, dijo que hay acciones para enfrentar la problemática que afecta a las mujeres, estas constituyen una política de Estado.

“Probablemente ha habido falta de enfoque de género, pero aquí lo que tenemos que reconocer es que el Gobierno al establecer una Fuerza de Tarea que abordara el tema de Femicidio, al inyectarle esta visión y también abordar el tema del Femicidio al existir esa misma comisión que es presidencial, ahí se demuestra no solo el enfoque, sino que es una política de Estado al orientar las acciones de seguridad y justicia hacia la protección de la mujer sin generarla en un espacio de victimización”, argumentó el funcionario.

El entrevistado dijo que dentro del plan en el que se trabaja, se incluyó dentro del Observatorio 24-0 temas de violencia contra la mujer y violencia sexual, que busca identificar los lugares donde se cometen estos ilícitos y prevenirlos.

“Esto nos va permitir identificar estas zonas donde se genera la violencia, queremos exponerlo sin nombre y apellido porque juega en contra de la mujer, pero queremos exponer esa capa que aparentemente subyace debajo de delitos que en teoría son más graves como el sicariato, pero detrás de ese delito hay violaciones sistemáticas a mujeres y eso no lo podemos permitir, tenemos que visibilizarlo de manera urgente”, indicó.

Entre otros aspectos, Benítez destacó el trabajo que se realiza en algunos establecimientos, como el Instituto Normal para Señoritas Centro América (Inca), donde se abordan temas de prevención para las niñas y las adolescentes que pueden estar en riesgo.