La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha sufrido presiones desde su creación, en 1998, cuando el Gobierno ideó a la institución para que fiscalizara los ingresos del Estado, dotándola de autonomía funcional. En ese sentido, el actual superintendente, Miguel Gutiérrez, tiene metas de recaudación que cumplir, sobre las que en parte depende su continuidad en el cargo.

* Analistas estiman que si se combate la evasión y la corrupción, las metas son superables

* El factor de transparencia en el gasto público, es un elemento vital

* La meta de recaudación tributaria para este año es de Q43 mil 611 millones, mientras que la SAT proyecta que los ingresos alcanzarán Q42 mil 84 millones.

En el mes de junio de este año, la vicepresidenta Roxana Baldetti, dijo, en referencia a Gutiérrez, quien un día previo manifestó que sería difícil alcanzar la meta de recaudación tributaria, porque se había proyectado sobre indicadores de crecimiento económico “optimistas”, que automáticamente le estaba diciendo al Presidente de la República que buscara a quien sí pudiera alcanzarlas, dado que esa era su obligación.

Varios días después, Baldetti mostró su respaldo al Superintendente, afirmando que sus palabras se habían tergiversado a pesar de haber sido muy claras.

Sin embargo, en el mes de agosto, hubo nueva diferencia entre la SAT y el Ministerio de Finanzas Públicas en torno al mismo tema: la recaudación. Supuestamente la entidad recaudadora desconocía de dónde había sacado Finanzas las proyecciones para 2013, y según Pavel Centeno, jefe del Tesoro y presidente del Directorio de la SAT, las cifras “no se sacaron de la manga”.

En ese entonces, Centeno replicó el primer mensaje de Baldetti para Gutiérrez, en cuanto a su deber de alcanzar las metas o que el mandatario buscara sustituto.

PUESTO POR RESULTADOS
La Ley Orgánica de la SAT, en el artículo 27, literal “g”, establece que podrá removerse al Jefe de la SAT por “no cumplir las metas de recaudación tributaria establecidas en el convenio que se celebra anualmente entre el Organismo Ejecutivo y la SAT para el efecto”.

Sin embargo, el mismo literal dice que dichas metas se establecerán tomando en consideración las cifras de recaudación tributaria del año anterior, “la situación de la economía” y el presupuesto de ingresos aprobado por el Congreso de la República para el año correspondiente.

Lo que no se menciona en el artículo y que Diario La Hora ha podido conocer de una fuente confiable, es que dentro de las metas de recaudación se contemplan las devoluciones de crédito fiscal, de tal manera que se fija una cantidad máxima que devolverá el Estado en cada año fiscal. La fuente refiere que en el pasado ha habido Superintendentes que ante las instrucciones de devolución que da el Presidente, han solicitado que se modifiquen las metas de recaudación.

En ese sentido, según Jonathan Menkos, director Ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la Ley Orgánica “deja muy claro que el Superintendente tiene obligaciones de metas que cumplir para poder continuar en el puesto”.

No obstante, esa misma ley hace la salvedad de que “ante eventos que compliquen la posibilidad de cumplir las metas, hay un mecanismo para readecuarlas y hacerlas más apegadas a la realidad”.

Según el experto, este salvoconducto permite “comprender de manera racional cuándo hay factores económicos o políticos que podrían impedir el cumplimiento de las metas”, aunque también existe la posibilidad de que la meta crezca.

José Alejandro Arévalo, diputado independiente y miembro de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República, afirma que la Ley Orgánica de la SAT “es la única ley donde el puesto del más alto ejecutivo está dependiendo del cumplimiento de una meta”, que es la recaudación tributaria. Y mientras la cumpla, el jefe de la SAT “no debe ser removido de su cargo”.

Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), afirma que el puesto del funcionario de la SAT es uno de los que en las entidades públicas se califica de acuerdo a los resultados obtenidos, debido a que “a ningún otro funcionario de la administración pública se le evalúa en función de una meta tan clara”.

Asimismo, según Maúl, es importante tomar en cuenta que la meta la establece la propia SAT, cuando hace la proyección de recaudación tributaria anual.

“De cierta manera, existe la posibilidad que se ‘curen en salud’ estableciendo una meta menor al máximo potencial de recaudación de la institución”. Sin embargo, esto es solamente una posibilidad, puesto que “no hay forma de demostrar tal cuestión con total certeza”, indicó el experto.

PRESIONES
Se considera que normalmente existen presiones internas o externas en el ejercicio de varios cargos públicos, como el del Ministro de Finanzas, de Comunicaciones, de Economía, de Gobernación, de Agricultura, Energía y Minas o Desarrollo Social, e incluso el de la misma Presidencia de la República.

En ese sentido, el puesto que ejerce el economista Miguel Gutiérrez no sería la excepción. De esa cuenta, Maúl afirmó que actualmente existen presiones para la SAT, pues incluso los puestos del Directorio podrían representar “intereses políticos claros”.

Por aparte, según Menkos, la presión podría ocurrir en el lado político a sabiendas de que hay crisis económica internacional con efectos para el país, por lo que pueden darse “ajustones” para que se recauden más recursos.

En ese sentido, el experto dijo que podría existir “presión del Gobierno para que recaude más, puesto que la posibilidad de llevar adelante el plan de gobierno depende de los recursos con que cuente el Estado”.

Sin embargo, Menkos alude a que no es una presión momentánea o coyuntural, “sino una presión con la que el Superintendente tiene que lidiar desde la creación de la SAT, porque su objetivo es muy claro”.

REVISIÓN DE LA META
Cada año, la SAT debe alcanzar la meta de recaudación que se acuerde entre la entidad misma y personal técnico del Ministerio de Finanzas Públicas (MFP), del Banco de Guatemala y de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia.

La meta de recaudación tributaria para este año es de Q43 mil 611 millones, mientras que la SAT proyecta que los ingresos alcanzarán Q42 mil 84 millones; la diferencia sería de por lo menos unos Q1 mil 500 millones para destinarse al presupuesto. No obstante, el viceministro de Finanzas Públicas, Dorval Carías, afirmó recientemente que la meta no se ha modificado.

Para el cumplimiento de la meta existe la posibilidad de que, si las condiciones económicas lo sugieren y confirman, puede hacerse una revisión a la baja, con lo cual también debería variar el presupuesto o incrementarse el déficit fiscal. En ese sentido, según Arévalo, este es un “atenuante” y el ejemplo se tiene en el año 2009, cuando la recaudación no alcanzó las metas previstas debido, en parte, a la crisis económica internacional que impactó al país, cuando los ingresos tributarios mostraron contracción por cerca del seis por ciento.

Para este caso, la ley prevé que si hay un cambio sustancial en las condiciones macroeconómicas, entonces puede haber una “atenuación” de la meta y el de la SAT puede continuar en el puesto, porque “no es por culpa de él sino por las condiciones económicas adversas que no dependen de él”.

Según Arévalo, basado en informes de la entidad recaudadora de impuestos, “este año el Superintendente va a cumplir con las metas establecidas”, pues aunque “no tiene mucho margen”, el comportamiento mensual ha sido superior al de las metas previstas y al nivel del año pasado, por lo que afirmó que “la meta del año 2012 yo estimo que sí la va a cumplir”.

La discrepancia entre las autoridades fiscales ha sido con la meta impuesta en el presupuesto 2013, pero “lamentablemente esa discusión se volvió pública”, pues son temas que se deben abordar entre los funcionarios, aseguró el parlamentario.

En cuanto al incremento de la recaudación producto de la Actualización Tributaria y la ley Antievasión II, habría acuerdo entre ambos funcionarios. Pero la discrepancia estaría en unos Q2 mil millones adicionales “que el Ministro le ha puesto como meta al Superintendente” y es sobre la que el de la SAT se habría manifestado en cuanto a la dificultad de alcanzarla, estima el legislador.

El presupuesto del Estado para 2013 llegó al Congreso con la meta de recaudación que estableció el Ministerio de Finanzas, dijo el parlamentario, por unos Q50 mil millones y no la que espera la SAT de unos Q48 mil millones.

A criterio de Arévalo, la diferencia sería “el esfuerzo que tiene que demostrar el Superintendente”, pero todo se aclarará cuando la SAT y el Ejecutivo firmen el convenio sobre recaudación que regirá en 2013. Para esto, “hay que recordar que aunque el Ministro le ponga esa meta, el convenio no lo firma el Superintendente con el Ministro, sino con el Presidente de la República”. En este caso habría “un conflicto”, porque quien estaría poniendo la meta, sería el Ministro.

El máximo que podrían lograr las nuevas disposiciones tributarias para aumentar la recaudación serían unos Q4 mil 500 millones. Pero el crecimiento del presupuesto para el próximo año exigiría mucho más que eso, argumentó el diputado.

DUDAS PARA METAS
Según Menkos, “hay algunos indicadores que nos obligan a pensar que la meta de recaudación de este año está muy difícil de cumplirse”. Esto, a su criterio, porque si bien hay crecimiento económico, se ha ralentizado no solo en Guatemala sino a nivel mundial.

Para 2013, a pesar de reconocer que existirá un impacto en la recaudación con la entrada en vigencia de las modificaciones tributarias de este año, “el Icefi tiene la duda de qué factores de la Actualización Tributaria van a ser los que permitan que el Estado pueda recaudar Q4 mil 600 millones extras para el próximo período”, tomando en cuenta un panorama económico que “cada vez se va deteriorando un poco más”.

Adicional a la recaudación del ISR, el proyecto de presupuesto de 2013 contempla Q1 mil 476 millones “que han sido acordados entre el MFP y la SAT, como una recaudación extra por fiscalización”. En ese sentido, “ni como ciudadanos ni investigadores conocemos en este momento qué elementos permitirían a la SAT recaudar estos recursos adicionales”, señaló el experto económico.

Estas implicarían medidas administrativas de la SAT, pero “no sabemos en concreto si es un fortalecimiento de las aduanas para luchar contra el contrabando, si es la aprobación de la ley para regular el secreto bancario y luchar contra la elusión y evasión de impuestos”, agregó.

Maúl, por aparte, estima que las cifras que fueron consignadas en el proyecto de presupuesto 2013 “definitivamente no” serían alcanzadas, puesto que “son muy positivas en cuanto a las proyecciones de crecimiento económico”.

DOS VÍAS PARA FISCALIZACIÓN-TRANSPARENCIA Y OTRAS LEYES
Normalmente, en Guatemala se habla de la fiscalización de los recursos que gasta el Estado, sin embargo, también existe la contraparte, que es la recaudación “bien hecha”.

De esa cuenta, el experto del Icefi señaló que “si queremos seguir avanzando en la lucha contra la delincuencia tributaria, es imperativo que logremos que el Congreso de la República apruebe, principalmente, la Ley que regula el secreto bancario”. También sería necesaria la aprobación de la iniciativa 4461, que “robustece” a la SAT, a través de reformas a su Ley Orgánica.

Si a esto se agrega lo que Menkos llama “una tercera pieza de transparencia”, como la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, “ahí estaríamos allanando el camino para poder luchar en mayor medida y con mayor capacidad en contra de la evasión y elusión tributaria”.

Según estudios del Icefi y otra institución internacional, la evasión y elusión del Impuesto Sobre la Renta para el año 2006 superaba US$ 1 mil millones anuales. Por tanto, “sí hay espacios para reducir la evasión y la elusión, pero lo único que necesitamos es que las reglas del juego, es decir, las leyes, permitan esa lucha de manera efectiva, que hoy por hoy, no hay”. Agregó.

En este sentido, “así como deben existir muy claramente los delitos en torno a la corrupción, así mismo deben estar muy claramente tipificados los delitos que están relacionados con la evasión de impuestos y el contrabando”, aclaró Menkos.

Según Arévalo, la vinculación penal con la evasión fiscal ya existe, y el caso más “patético” sería el de Alka Wenker -por cerca de medio millardo de quetzales-, por lo que la legislación vigente “ya vincula la defraudación y evasión fiscal con castigos penales”. Y, aunque considera que la ley que regularía el secreto bancario contribuiría con la recaudación fiscal, “le han exagerado el tamaño”.

A este respecto, Maúl estima que si se sancionara penalmente la evasión, debería existir la contraparte de “sancionar de la misma manera el mal uso de los recursos del Estado”, pues “si no pagar -impuestos- fuera delito, no gastar bien y no obtener resultados también debería ser penado de la misma forma”.