Ayer se cumplió un año desde que el presidente Otto Pérez Molina llegó al Congreso con un paquete de leyes bajo el brazo para promover la transparencia que se ofreció como resultado y consecuencia de la reforma fiscal aprobada a troche y moche por el Congreso. Fuera de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, ninguna de las otras propuestas ha logrado pasar siquiera el filtro de las comisiones y por lo tanto están entre el montón de pendientes que engalana la creciente lista del Poder Legislativo.

En realidad el tema de la transparencia es bueno para el discurso, pero no para la acción porque, al fin y al cabo, el sistema fue diseñado para facilitar la corrupción. No hay ámbito de la gestión pública que no esté contaminado por las mañas para realizar compras y contrataciones que dejan beneficios no sólo a los funcionarios, sino especialmente a los oferentes que han aprendido cómo debe actuarse para lograr las adjudicaciones y, de paso, embolsarse ganancias exorbitantes producto de sobreprecios o de la entrega de bienes y obras de mala calidad.
 
 Y si la gente, de ajuste, acepta esa forma de proceder de los gestores de la cosa pública, a cuenta de qué van éstos a preocuparse en verdad por establecer mecanismos de control y fiscalización. Fuera de un puñado de críticos que señalan los vicios de los fideicomisos, el resto de la opinión pública no se da por aludida y le importa poco la forma en que se administran los fondos públicos por la vía de un procedimiento mañoso que sirve para escamotear datos e información no sólo a la población, sino también a la misma Contraloría de Cuentas que por lo menos en este caso ha tenido la entereza de pedir que cese el uso de los fideicomisos.
 
 Los que claman por la transparencia en el país son apena unos cuantos que repiten como cantaleta y hasta el cansancio las perversidades de un sistema hecho para robar impunemente, pero los pícaros se ven alentados por la indiferencia impresionante de mucha gente que ni se ocupa ni se preocupa por ver cómo es que se está realizando la función de administrar la cosa pública. Ya suficiente aporte se hizo, piensan algunos, con asistir a las urnas el día de las elecciones y será hasta cuando vengan otros comicios cuando se volverá a mostrar el “civismo”, seguramente pasando factura en forma silenciosa a los gobernantes que, como los que  les han antecedido, sufrirán el resultado aplastante de una elección que los manda a sus casas y acaba con el partido de turno.
 
 Mientras no haya presión sobre el Congreso para aprobar leyes de transparencia, los diputados seguirán campantes.

Minutero
Para que la transparencia
cuando priva la indecencia;
darle vuelta a esa tortilla
es mucho más que una utopía