El compromiso de los diputados con el pueblo de Guatemala es algo que se pone a prueba con la implementación de toda la agenda legislativa en el tema de la seguridad ciudadana, puesto que durante años los congresistas han postergado la toma de decisiones realmente cruciales para dotar a las instituciones de los mecanismos para luchar contra el flagelo de la violencia y del crimen organizado que tiene diversas y muy peligrosas manifestaciones.
Hemos visto su proceder en forma burda con la actitud del Ministerio Público frente al primer caso planteado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, caso en el que el crimen organizado no vaciló en actuar, sea moviendo a sus piezas incondicionales o, como en otros casos, utilizando las colas machucadas de quienes durante sus años de servicio en alguna ocasión han tenido que jugar papeles de compromiso con la estructura criminal y ahora, cuando llega el momento de las definiciones, es obvio que han logrado hacer que piezas clave sean, por lo menos, neutralizadas cuando no utilizadas de manera por demás burda.
Lo mismo pasará con el Congreso de la República porque es obvio que existen instrumentos para presionar a los diputados y algunos de ellos tienen también, como pasa con el Ministerio Público, sus colas tan machucadas como para permitir que se haga presión fuerte y decidida. La necesidad de que el Congreso actúe con celeridad en la agenda de la seguridad nacional es obvia y salta a la vista, por lo que tiene que producirse una especie de acompañamiento de la sociedad guatemalteca para que los miembros del poder Legislativo sientan la presión ciudadana a fin de que se haga contrapeso a la acción del crimen organizado que moverá sus piezas en los próximos días.
Se trata en realidad de un momento histórico para nuestro país porque se ha empezado a desnudar la existencia de estructuras de poder paralelo que todos hemos intuido pero que por vez primera adquieren rostro, nombre y apellido, lo que marca la posibilidad de que podamos emprender los cambios de fondo que el país necesita. No es fácil porque estamos frente a estructuras muy poderosas que, además, manejan recursos prácticamente ilimitados y que tienen cómo sobornar y amenazar a todos los que se puedan salir del guacal. Pero un acuerdo de conveniencia entre la sociedad y los políticos honestos y quienes quieran sacudirse del yugo que imponen compromisos anteriores con grupos paralelos, se ve posible por vez primera en la historia reciente del país y no puede desperdiciarse ese momento.