El juicio histórico por genocidio se diligenció en un lapso aproximado de 51 días, del 19 de marzo al 10 de mayo de 2013. Se adelantó 147 días a la fecha que en un principio había programado el Tribunal para que iniciara.

Dos acusados, más de diez abogados, tres jueces, tres abogados del Ministerio Público y cinco representantes de las partes querellantes participaron en el que quizá sea hasta ahora el caso más importante del Ministerio Público (MP), y dejaron tras de sí una serie de lecciones para el sistema de justicia guatemalteco.

La mañana del 19 de marzo hubo una variante en la presencia de Efraín Ríos Montt ante el órgano jurisdiccional que conocería su causa. A cada audiencia previa había llegado acompañado de su equipo de defensa técnica, desde principios de 2012, cuando fue ligado a proceso. Sin embargo, ese día se sentó solo ante el Tribunal de Mayor Riesgo A.

Minutos después se presentó sorpresivamente ante los jueces como nuevo defensor el abogado Francisco García Gudiel, conocido en el gremio del derecho como “El Gato”. El cambio retrasaría el juicio. La estrategia ya estaba armada, y en declaraciones evidentemente molestas, más tarde lo confirmaría el otro abogado, Danilo Rodríguez.

García Gudiel recusó a la jueza Yassmin Barrios, presidenta del Tribunal, porque supuestamente tenían una enemistad desde hacía varios años, y solicitó que el vocal Pablo Xitumul también se separara por tener con él una amistad. “Es que él me admira”, diría más adelante el abogado, argumentando que el Tribunal carecía de imparcialidad.

El propósito era impedir que iniciara el juicio. No obstante, el que se tuvo que separar fue García Gudiel, y en su ausencia arrancó el primer debate oral y público por el delito de genocidio en Guatemala.

Esto en base al artículo 201 de la Ley del Organismo Judicial, la cual señala que “es prohibido a los abogados actuar en los Juicios en que el Juez tuviere que excusarse o pudiera ser recusado a causa de la intervención del profesional”.

Los abogados del general retirado presentaron una serie de amparos judiciales alegando que el Tribunal violentó su derecho de ejercer una defensa. A todas luces, las acciones solo causarían un retraso importante en el proceso, pero éste no se detuvo. (LEA: RESOLUCIÓN DE LA CC)

ÉTICA

Ramón Cadena, representante de la Comisión Internacional de Justicia (CIJ), opinó que el juicio histórico evidenció debilidades en el sistema de justicia y también dejó lecciones.

“La defensa estuvo tratando de obstaculizar el proceso mediante una serie de recursos de amparo y esa lección amerita que tomen medidas legislativas para limitar el uso de ese recurso”, indicó.

Por otro lado, señaló que durante todo el juicio por genocidio el tribunal luchó en contra de la impunidad.

“Lamentablemente a través de tantas leyes se facilita que abogados sin ética utilicen ese tipo de mecanismos de impunidad, y en este caso es importante analizar todo lo que pasó, porque por ejemplo se evidenció la falta de ética de uno de los abogados, que ingresó al juicio solo para recusar al Tribunal”, expresó.

También subrayó que la ausencia de ética está vinculada al entorpecimiento de los procesos. “Hay una norma básica que todos los abogados prometemos cumplir y es que se debe actuar de buena fe en el proceso, y definitivamente hay que fortalecer la educación en las facultades de derecho”, evidenció.

“Este proceso demostró que el sistema se presta para presentar una serie de recursos para utilizar el mismo derecho como un mecanismo para enredar el juicio”, acotó.

Por otro lado, Cadena mencionó que en consecuencia el Poder Judicial debe trabajar en fortalecer los sistemas de protección a jueces, porque aún no se cuenta con un método claro y transparente para garantizar su integridad. Además, insistió en mejorar la educación para los letrados en derecho internacional,  ya que a su criterio es aún desconocido.

Incluso indicó que es necesario reformar la Constitución para que la carrera judicial llegue hasta la Corte Suprema de Justicia, ya que a los jueces de primera instancia, como por ejemplo el Tribunal que diligenció el caso Ríos Montt, en las próximas elecciones para cargos de magistrados, podrían pasarles una factura en las comisiones de  postulación.

“Ellos están sujetos a decisiones de grupos de postulación, al Congreso de la República, cuando si hubiese una carrera judicial gozarían de inamovilidad permanente y eso les permite desarrollarse a sus capacidades y no de acuerdo a componendas políticas”, concluyó.

Por su parte, Francisco Palomo, quien fue parte de la defensa de los generales retirados opinó que este proceso le dejó al sistema de justicia la lección de observar de cerca a los jueces que diligencian los casos.

“La existencia de jueces parciales que no sean independientes y que actúen de forma sesgada, como sucedió en este caso son una burla a la justicia y un grave daño al sistema judicial. La idea de un juicio es que las partes estén en igualdad de condiciones y que los jueces sean árbitros de la contienda, y no como en este caso que el Tribunal era la parte acusadora”, objetó.

Además, dijo que un magistrado de la Corte de Constitucionalidad decía: “cuando el juez es el acusador, solo Dios puede ser el abogado defensor”, y agregó que a su criterio en el juicio por genocidio se vivió tal extremo.

“La jueza Barrios, siguiendo quién sabe qué oscuras intenciones e intereses prácticamente linchó al procesado en lugar de juzgarlo. A toda velocidad dictó una sentencia condenatoria simplemente para llevarse el premio internacional de haber condenado por genocidio a un inocente; las consecuencias son que ahora ese juicio se caerá”, anotó.

Por último señaló que las autoridades del sector justicia deben tener cuidado en el nombramiento de magistrados, a modo de que “esas personas que evidentemente tienen intereses particulares en los procesos, no ocupen los cargos”.

SIN CERTEZA

Luis Fernández Molina, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, criticó que la acción de amparo no es resuelta por la Corte de Constitucionalidad (CC) en los plazos adecuados, y que mientras no se tenga certeza con un fallo, las partes continúan con el siguiente trámite sin saber si al final se va a revertir con una resolución pendiente de emitirse.

“La resolución de apelación y de amparo deben emitirse rápido para llevar una continuidad y cronología lógica en el proceso. Eso es importante, porque a veces continúa el proceso, pero se quedó sembrada la duda de si otra instancia resolvió a favor o en contra. Ante eso, lo que camina está siempre sujeto a regresar”, anotó.

En la mañana del 18 de abril, los abogados de Ríos Montt se retiraron del lugar donde se diligenciaba el debate “declarándose en resistencia pacífica”, luego de que la jueza Barrios informara que no remitiría el expediente a la jueza Carol Patricia Flores para que incorporara la prueba de descargo en el proceso.

En esa ocasión, tras intentar que los abogados regresaran, la jueza Barrios señaló: “No se trata de querer suspender el debate a como dé lugar; hay que actuar correctamente, con mesura, gallardía y ética”.

El 8 de mayo, el Tribunal reanudaría el debate, pero lo postergó para el día siguiente porque García Gudiel presentó una excusa donde alegaba que por enfermedad se ausentaría.

Al día siguiente el MP presentó un video donde se ve al togado en la sede de la institución, caminando y bromeando, pese a que esa misma mañana el defensor dijo que estaba sangrando por afecciones de cálculos renales.

“Hay que procurar que no se suspendan las audiencias, y evitar ese tipo de ejercicios que pueden realizar algunos de los actores. Hay una sanción moral ante esas actitudes, pero debería haber otro tipo de disuasivo de orden procesal para que no incurran en estas acciones”, opinó Fernández Molina.

Por otro lado, el exmagistrado señaló que las estrategias para crear confusión en el proceso van desde nulidad y amparos hasta acciones de hecho, como no llegar al debate, ausentarse de las audiencias o alegar que no se conoce el expediente,  “algunas de estas acciones caen en el calificativo de güizachadas”, criticó.

JUECES INDEPENDIENTES

“La independencia debe ser a lo interno y externo”, indicó Fernández Molina. También señaló que en el proceso contra Ríos Montt existió una carga ideológica muy fuerte, y también una presión internacional muy marcada.

“Los jueces deben tener mucho criterio y mucha ética y saber que son, en ese sentido abstractos e impersonales, y por lo tanto resolver conforme a derecho no importando su pensamiento ideológico y otros pensamientos externos”, anotó.

También agregó que en la medida que el expediente es muy enredado y difícil de definir, la presión puede ejercer influencia, ya que “cuando algo es dudoso da margen a presión externa, y en cambio sí es clarísimo no hay porque ponerse a aceptar presiones ajenas”.

LA POLARIZACIÓN

Al iniciar el juicio por genocidio y deberes contra la humanidad, también se levantaron los pronunciamientos de diferentes sectores. Carlos Seijas, sociólogo, manifestó que antes de llegar a sentencia ya habían grupos con posturas bien marcadas en cuanto al respaldo o rechazo a los exmilitares.

“Lo que hizo este caso fue abrir la caja de gusanos, lo que no queremos ver y desató entre los grupos de poder el racismo, que ya es parte de la cultura del guatemalteco, porque este país se formó en base a una ideología racista, es decir un grupo dominante y que cree que todos los demás son inferiores, pero que la democracia ha maquillado, aunque en el fondo, subyace el racismo”, subrayó.

También opinó que hay una falacia en la no aceptación de la condena por genocidio, al decir que habrá menos inversión, que el país se ve como genocida, “y lo que realmente subyace es que hay grupos que consideran que los indígenas no tienen derecho”.

“Este caso lo que hizo fue hacer más clara la división que tenemos en el país, en función de casta o linajes, en cuanto a que por pura ideología se cree que hay grupos que merecen ciertas cosas o no”, objetó.

En ese sentido consideró que las manifestaciones, opiniones contrarias y la polarización no pasarán de allí: “Se destapó, hubo polémica porque todavía no hay sentencia firme, dependiendo qué decisión tome la Corte de Constitucionalidad en base a esto va a venir otra ola de reacciones, pero después todos van a volver a lo mismo, porque hay un status quo”.

Según Seijas, en este caso el imaginario guatemalteco ha demostrado que lo que tiene es miedo, y en ese sentido también criticó el pronunciamiento emitido por un grupo de signatarios de los Acuerdos de Paz: “Ellos estuvieron metidos en los acuerdos de paz y necesitan que eso se sostenga”.

Finalmente señaló que esta sentencia ya sea firme o no, es una forma de evidenciar que el país tiene cáncer social.

“Esa enfermedad consiste en que cuando un órgano cree que otro es su enemigo, el sistema inmunológico lo ataca para matarlo. Entonces ahora tenemos que reconocer que tenemos cáncer para extirparlo. El problema es que seguimos negándolo porque tenemos miedo de dar la cara y reconocer que tuvimos errores”.

Seijas concluyó señalando que todos estos grupos lo que quieren “es salir en caballo blanco, quieren decir que ellos rescataron a la paz y no los tribunales que están evidenciando los delitos que se cometieron y que deberían de ser parte del conocimiento social del Guatemala”.

ESTIGMA

Carlos Molina Mencos, abogado y constitucionalista, está en desacuerdo con el proceso penal por el delito de genocidio. “Aquí lo que hubo fueron abusos de ambas partes, abuso fuera de control, pero ya genocidio, hay una distancia de aquí a Júpiter”, puntualizó.

“La guerrilla perdió la guerra militar, pero ha ganado la guerra mediática y quiere aplastar a todo lo que ellos llaman la reversión y eso es lo que están haciendo. Pero no se han dado cuenta del daño que se le hace al país poniéndolo como un país genocida”, acotó.

En ese sentido indicó que Guatemala tendrá como consecuencia clasismo político, un desprestigio, baja de financiamiento, y “defensivamente pérdida de inversión”.

“Usted no invertiría en un país genocida, tengo al lado a Costa Rica, a México, Panamá, República Dominicana, todos esos países que son tranquilos. No hubo genocidio y en ningún momento el Ministerio Público lo probó, la jueza se sacó de la manga esa palabra en la sentencia, pero nunca habló de la intención”, puntualizó.

RESOLUCIÓN DE LA CC
Tal como lo adelantó el abogado defensor Francisco Palomo,  el día de ayer, la Corte de Constitucionalidad (CC), tras casi 9 horas de sesión resolvió anular la sentencia que condenó a Efraín Ríos Montt, exjefe de Estado, y absolvió a José Mauricio Rodríguez Sánchez de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad. La máxima instancia constitucional anuló la condena y  dejó sin efecto todo lo actuado durante el juicio desde el 19 de abril de 2013.
Con la resolución de la CC, el proceso regresa hasta la etapa previa a la fase de conclusiones, por lo que las declaraciones de las víctimas, testigos y peritos continúan vigentes.

Los magistrados que votaron a favor de anular la sentencia por genocidio fueron Héctor Pérez Aguilera, presidente de la CC, Alejandro Maldonado y Roberto Molina.

Por otro lado, los magistrados Mauro Chacón y Gloria Porras votaron en contra y razonaron su voto.

Ahora la atención se centra sobre la Sala Tercera de Apelaciones, ya que deberá acatar la orden de la CC, de emitir una nueva resolución y dejar sin efecto la del 9 de mayo último, cuando dijo que el Tribunal sí había dado cumplimiento a la orden anterior de la Sala, de dar trámite a la recusación.