El papel de la CICIG en la investigación sobre el Caso Rosenberg no sólo contribuyó a definir el posible móvil del crimen, sino además dejó en evidencia el nivel de impunidad en Guatemala y la necesidad de modificar el sistema de justicia.

Antes de iniciar con la explicación de las evidencias encontradas en este hecho de sangre, Carlos Castresana, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dejó en claro que el asesinato de Rodrigo Rosenberg era únicamente uno de los 6,451 hechos de sangre que ocurrieron de forma violenta durante 2009.

Debido a ello, Castresana aprovechó para hacer un llamado al Gobierno guatemalteco para combatir el nivel de impunidad que impera en este paí­s y que ha provocado que, de los casos arriba mencionados, únicamente se obtuvieran 230 sentencias.

A decir de Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), ente que actúa como uno de los cuatro garantes del cumplimiento de los 101 Acuerdos para el Avance y Seguridad de la Justicia en Guatemala, es evidente que en este paí­s el acceso a la justicia aún se encuentra negado.

El entrevistado afirma que esto se comprende al verificar el mí­nimo porcentaje de puntos del acuerdo que han sido cumplidos o que se encuentran en alguna fase de ejecución. Además, afirma que se han visto retrocesos en el tema de seguridad.

«No se garantiza el derecho a la vida», asegura el coordinador de la ODHAG, indicando además que de ello dependen otros derechos y posibilidades para los guatemaltecos.

PARTICIPACIí“N DEL ESTADO

El Caso Rosenberg no ha sido el primero en conmover a la población guatemalteca, del mismo modo ocurrió al ser asesinado monseñor Juan Gerardi, quien fue muerto en la casa parroquial el 26 de abril de 1998, dos dí­as después de presentar el informe titulado «Guatemala nunca más», en el que se hací­a un recuento de las masacres ocurridas durante el conflicto armado interno.

Fueron necesarios tres años de espera para que se obtuviera una sentencia en este caso, sin embargo, el mismo aún no se ha resuelto por completo. Por otro lado, el asesinato del abogado Rosenberg presenta posibilidades de una pronta resolución; a ocho meses de ocurrido, ya se ha capturado a once personas y se encuentran pendientes de captura otras tres. Según Rodenas, la diferencia en los tiempos se debe a que es necesaria la colaboración del Estado para obtener resultados positivos, especialmente cuando se trata de crí­menes en los que de una forma u otra, este ente se ve implicado.

«En el Caso Rosenberg, el Estado era el principal interesado en que se esclareciera, lo contrario sucedió con el Caso Gerardi, pues no se obtuvo la colaboración que se necesitaba, aun cuando se mencionaba que era un crimen de Estado», asegura Rodenas.

DESEOS DE CAMBIAR

Diversos comentarios se derivaron de la participación de la CICIG, algunos indicando que esa entidad fue comprada por el Gobierno para proporcionar ese informe, mientras que en otros se destaca el «ejemplo» que esa comisión da a los entes encargados de la justicia en Guatemala.

Rodenas indica que la participación y la investigación de la comisión contra la impunidad son importantes para el paí­s, pues con ello se proporciona un nivel de confianza a la población y se tiene la impresión de que la comisión vino a fortalecer el sistema de justicia guatemalteco.

«De forma ordinaria no se habrí­a hecho una investigación como la que resultó», asegura el entrevistado. Mientras tanto, a decir del titular de la CICIG, a pesar de las múltiples recomendaciones que se han realizado no se ha prestado mayor atención y mucho menos se han acatado los consejos.

Castresana destacó que durante su perí­odo de gestión, el Congreso de la República aprobó únicamente tres puntos que tienen que ver con la seguridad.

«Se ha tenido falta de apoyo del Estado, se han pedido cárceles de máxima seguridad y aún no se tienen, falta reforzar el sistema de protección de testigos, falta protección para jueces y fiscales, el presidente de la Corte Suprema de Justicia protesta en contra nuestra cuando le estamos haciendo el trabajo», aseguró en una entrevista reciente.

Para el español, ni el Ministerio Público, ni el Organismo Judicial han acatado las recomendaciones realizadas por la comisión sobre el despido de personal corrupto, aun cuando estos trabajadores ya han sido plenamente identificados.

«Si se quiere curar, el sistema de justicia debe seguir el tratamiento, si no, se muere», aseguró el titular de la CICIG.