En ningún campo resulta tan patético el deterioro de la institucionalidad del Estado como en lo que tiene que ver con justicia y seguridad, puesto que lamentablemente no se puede ni siquiera proteger al ciudadano ni aplicar castigo a los criminales porque las debilidades son de tal calibre que todos estamos expuestos y a merced de esa tendencia a la privatización que se aplica en ambos casos de manera macabra. Porque macabro es que se conformen juntas locales de seguridad que actúan a la brava y sin control y que funcionen grupos que se dedican a linchar delincuentes reales o presuntos o a aplicarles la mal llamada limpieza social.

El gobierno actual está interesado en retomar el control de las Juntas de Seguridad que proliferaron sin control en el gobierno anterior y que han sido responsables de muchos abusos en contra de gente inocente. Porque no se puede dar tanto poder y autoridad a gente que no tiene ni preparación ni, mucho menos, control para responder como corresponde por excesos que cometan en el desempeño de la función de proteger a sus comunidades.
 
 Es impostergable que el Estado recupere el control de la seguridad y la justicia en el país porque lo que está pasando es criminal en el sentido de colocar a particulares a que vigilen a su sabor y antojo y permitir que grupos montoneros o sicarios por su cuenta se dediquen a ejecutar criminales para “limpiar” la sociedad. Eso no es civilizado y la tal privatización de la seguridad y la justicia es totalmente inadmisible porque necesitamos un Estado competente para cumplir con sus fines esenciales establecidos en nuestra Constitución de la República.
 
 Lo otro es pura anarquía y relajo que convierten a la sociedad misma en tolerante ante el abuso y los crímenes que en nombre de la seguridad y la justicia cometen particulares. El Estado, único perpetrador de las violaciones de derechos humanos, está violando uno muy importante cuando deja que sean particulares los que asuman el papel que por la naturaleza misma del Estado únicamente le compete a las fuerzas de seguridad que tienen que responder legalmente por excesos que cometan y el papel de jueces que aplican la pena de muerte sin juicio previo. Los linchamientos son una expresión bárbara y lo mismo son los escuadrones de la muerte que grupos particulares organizan para ir saliendo de pandilleros y otro tipo de delincuentes. Retomar la función básica del Estado es un imperativo y constituye sin duda uno de los retos más grandes para las autoridades actuales.

Minutero:
El Registro de la Propiedad 
mueve pisto en cantidad 
y siendo un ente del Estado 
debe ser bien fiscalizado