Finalmente, después de trece meses, terminó la interpelación parlamentaria al Ministro de Cultura y Deportes, que tuvo como principal consecuencia el bloqueo de las actividades legislativas y el aburrimiento ciudadano. Lejos está el tiempo en que durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro, en un solo día el propio partido oficial desaforó al Ministro de Economía, porque por desconocimiento de las consecuencias, no compareció al Congreso a una interpelación.

La organización republicana le otorga al Organismo Legislativo la facultad de control administrativo, financiero y político sobre el accionar del Organismo Ejecutivo; sin embargo, este ejercicio nunca se pensó en desmedro de la actividad principal, legislar.

¿Qué pasó, que una de las actividades más importantes del sistema de pesos y contrapesos democráticos se corrompió? Como a menudo sucede con el comportamiento de los guatemaltecos, de un extremo nos vamos pendularmente a otro. Entre 1970 y 1981, durante los gobiernos constitucionales, pero autoritarios, se obstaculizó a los diputados de la oposición el ejercicio de la interpelación, después de que el gobierno de Arana tuviera que rotar de cartera a algún ministro para que no compareciera al Congreso a ser interpelado.  Fue así que surgió, durante la presidencia de Sandoval Alarcón, la práctica arbitraria de que la solicitud de interpelación debía ser calificada previamente por la Junta Directiva del Parlamento, haciendo nugatorio ese derecho del diputado y deteriorando esa figura republicana.

El constituyente, consciente de la necesidad de estos pesos y contrapesos entre los poderes estatales, quiso garantizar la efectividad de este derecho de los diputados como representantes de los intereses del pueblo y fue así que el Artículo 166 dice que: “…Ni el Congreso en pleno, ni autoridad alguna podrá limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas.”  Aquí debe entenderse que nos estábamos refiriendo a “autoridades” del Congreso, no a otro tipo de autoridad fuera de ese ámbito, como ahora se ha interpretado y por ello “dizque” nadie puede parar la perversión que ha venido sufriendo esta figura.

En el inicio de la transición democrática actual las interpelaciones duraban un día y se aplicaba  lo que al respecto reza el párrafo final del artículo citado que dice, que de la interpelación “…podrá derivarse el planteamiento de un voto de falta de confianza que deberá ser solicitado por cuatro diputados, por lo menos, y tramitado sin demora, en la misma sesión o en una de las dos inmediatas siguientes.”

En lo personal participé, junto a otros diputados, en la citación para interpelación en tres oportunidades diferentes a los ministros de Defensa, Economía y Comunicaciones, sobre temas que abordaré en otra ocasión 

En todo caso, los diputados tienen en sus manos rescatar esta figura, si comprenden la necesidad de rescatar la actividad política y con ella la democracia. Se han puesto de acuerdo, hasta con mayoría de dos terceras partes para elegir funcionarios, por qué no regular las interpelaciones para que vuelvan a ser práctica sana.