La política pública de seguridad alimentaria responde a una problemática que en nuestro país constituye un dato tan dramático que nos lleva a la vergüenza, nos pone en un punto extremadamente bajo en términos de la desnutrición de la población de niños entre uno y cinco años; si son 50% o son 46%, no importa, lo que realmente es trascendente es que tenemos una cantidad millonaria de niños con desnutrición crónica y que ese flagelo se eleva aún más y recrudece en el área rural y en la población indígena.
Obviamente, como casi todos los problemas del país, no es una situación que nació hoy, ni ayer; no, contradictoriamente este es un proceso acumulativo de años, de olvidos, de negaciones y marginaciones, que el Estado y los grupos de poder, dejaron simplemente de lado, porque nada tenía que ver con otras cuestiones más importantes y que distaban de algo que “simplemente era una desviación del modelo de desarrollo seguido”.
Esta simpleza de pensamiento y la consiguiente irresponsabilidad en dimensionar las características del problema y de reconocer la condición tan complicada para la población involucrada, nos deja hoy con una cauda dolorosa y vergonzosa de niños con limitaciones de talla y peso, pero la peor de las condiciones son las limitaciones cognoscitivas que afectará a esta población en el futuro; su capacidad de aprender, comprender y analizar se verá seriamente dañada irremediablemente.
Entonces cómo nace la política pública de seguridad alimentaria y nutricional; pues fundamentalmente, que los gobiernos, principalmente los democráticos, consiguieron observar lo complejo y extenso de la problemática de la desnutrición, pero sus diferentes mecanismos para enfrentarlo han sido cambiantes, sin razonamiento real de su efecto e impacto y vinculado a grandes intereses económicos.
Así, se pasó desde el uso de la Galleta Nutricionalmente Mejorada, que es el resultado de un experimento del INCAP, que efectivamente contaba con los nutrientes y vitaminas necesarias para apuntalar el desarrollo de niños en edad escolar, pero que desafortunadamente se dejó su producción en manos de militares. Luego, en lugar de la galleta, se planteó la necesidad de un instrumento más “integral” y se instauraron los almuerzos escolares, pero se dejó su preparación en manos de uno de los monopolios más antiguos del país.
El Vaso de Leche fue otra forma de enfrentar este problema y se diseminó por el país, pero también su concreción nació del apoyo de un expresidente a su gremio lechero, con los consabidos intereses en medio. Como se puede observar, la política pública de seguridad alimentaria y nutricional tuvo como constante el cambio permanente; la insensatez técnica y el privilegio empresarial; de esta forma, hoy los efectos de diferentes gestiones y herramientas hacen imposible medir su impacto –después de 26 años de ejercicio democrático– y la situación hoy se enfrenta bajo la perspectiva de un programa Hambre Cero, que todavía no muestra señales de arrancar siquiera, pero eso sí, emergen las contradicciones entre la SESAN y el MAGA con los reales impactos de la famosa “Supertortilla”, pues la primera argumenta que no tiene los efectos esperados.
¿Y la arquitectura institucional creada para implementar esta política?, pues la Secretaría encargada de este vergonzante flagelo, no es unidad ejecutora –como si el problema tuviera un dimensión escasa y temporal–, la SESAN descansa en la capacidad y voluntad ejecutora del MAGA, MSPAS y Mineduc, algunos de los grandes ministerios, que para mayor contradicción enfrentan una serie de problemas tan grandes como el de la seguridad alimentaria y nutricional y niegan y reniegan ponerse a la orden de una Secretaría como la SESAN.
Con todo ello, la desnutrición continuará siendo una de las grandes falencias de nuestro país y con ella estamos condenando a una enorme cantidad de personas, que son niños menores de cinco años, a una adolescencia, juventud, adultez y vejez, desventajosa, dolorosa y con un futuro cuesta arriba.