Bien dicen que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Y así es. Evidentemente, dentro de todo lo malo que abunda en Guatemala, siempre hay personas e instituciones que con la mejor buena voluntad y creyendo con honestidad que lo que se está haciendo o por lo que se está trabajando está bien, ponen su mayor grado de ayuda, de confianza y de optimismo en proyectos que cuando culminan no dan resultado alguno o bien al menos, no los que se esperan.
Veamos algunos de los últimos proyectos realizados. Empecemos con algo que, sorprendentemente para mí, ha provocado una euforia sin igual, particularmente en sectores de comunicación social y sectores de la sociedad civil como que creen que la impunidad terminó y nació la transparencia.
Me refiero a la llamada Ley de Libre Acceso a la Información que para algunos super optimistas abrirá de par en par las puertas para que todo ciudadano se entere desde lo que gana «honestamente» un funcionario, hasta las diferentes actividades financieras que realizan instituciones y sus jerarcas de los distintos estamentos del Estado.
He analizado someramente la famosa ley y está, efectivamente, plagada de buenas intenciones, pero hasta allí nada más. En primer lugar su ente contralor será fundamentalmente la Procuraduría de Derechos Humanos, que en todo caso tendrá facultades para emitir sanciones morales o, en última instancia iniciar procesos penales, cosa que es facultad constitucional de la fiscalía general de la nación. La PDH puede tener la mejor buena voluntad para hacer cumplir la ley, pero carece de los elementos punitivos y sancionatorios para que de verdad se cumpla. Pero, por otra parte, a los obligados a cumplirla se les dan los medios idóneos para no acatarla (hecha la ley hecha la trampa dicen por allí). En efecto, si alguien requiere información y «está disponible» se entregará de inmediato, en caso contrario, el ente encargado de proporcionarla tendrá 10 días para conseguir los datos e incluso otra prórroga por otros 10 días más.
Fuera de que me atrevo a afirmar que, a menos que se trate de información «inocua», las instituciones NUNCAÂ tendrán disponible información «gruesa» que pueda afectar a algún cabezón y por lo tanto gozará de 20 días para «encontrarla», los que se convertirán en una eternidad, tal como acontece con la devolución de impuestos pagados de más que el fisco debe devolver o aplicar a otros impuestos en 20 días cosa que es una falacia ya que en lo personal llevo más de 40 años esperando que me devuelvan alguno -que sé he pagado de más- o que al menos me den mis acciones del banco de los trabajadores que pagué también hace mas de 40 años, sin que ello ocurra jamás de los jamases. Así pues, los que quieran libre acceso a la información podrán esperar sentados, si, como digo se trata de información que afecte a una entidad o persona con poder suficiente, aunque quedará el derecho al «pataleo».
Veamos otra cosa. Hay un Acuerdo sobre seguridad que conlleva la aprobación de 12 leyes (Prensa Libre 14/4/09). Algunas de esas leyes me parecen adecuadas pero, permítanme soltar una carcajada de tristeza. Si aquí no cumplimos ni siquiera con la ley suprema del Estado, la Constitución, menos se van a cumplir con estas leyes ordinarias.
Dentro de este contexto, el Congreso aprobó el mismo martes pasado varias leyes que creo tienen un contenido importante pero que tienden a tipificar delitos y aumentar las penas, pero, entonces-me pregunto-, ¿qué pasa con un sistema de justicia inoperante (PNC, MP y OJ), en donde sólo conoce en juicio un DOS POR CIENTO DE LOS HECHOS DELICTIVOS QUE SE COMETEN y encima de eso, muchos salen libres o se les disminuye el delito gracias a la tipificación y a la apreciación que de ellos tengan los «Honorables» jueces y Magistrados?
Otra más. Ha empezado a caminar una ley para normar las actividades de las Comisiones de Postulación para los cargos más importantes con el fin de que estas comisiones escojan a los más probos, honestos, éticos, honrados, etcétera, para ocuparlos. Dispénsenme pero por mis experiencias en los tres organismos del Estado, el verdadero tata del nombramiento de estos cargos se llama politiquería, por más leyes que se emitan.
Finalmente, sigo estando de acuerdo en la restricción de que viajen dos en moto pero hasta esta disposición fue mal concebida: no se consensuó sino se copió de otros países, debió ponerse un límite para que niños de 12 años puedan viajar, debió ser selectiva y aplicarla en departamentos, como el de Guatemala, Escuintla, y la mayor parte de oriente, en donde los sicarios utilizan estos método y lo más importante, debió implementarse una permanente vigilancia y supervisión policíaca para reevaluar la medida, al menos cada 45Â días y analizar si está resultando o no. Estamos salados.