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La primera gran lección del caso es que «es posible aclarar los crí­menes y romper el esquema de impunidad que prevalece en Guatemala», ya que a pesar de la complejidad del caso, los sistemas polí­tico y de justicia resultaron efectivos en las investigaciones.

En ese sentido, el analista ílvaro Pop señala que la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) debe ser destacada, pues a las acciones de instancia se debe el esclarecimiento de los hechos.

Para Nery Rodenas, de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), se demostró que el crimen organizado opera en todos los niveles y no solo en un sector, pero aún con esa expansión, considera que es posible combatirlo con el fortalecimiento de instituciones de justicia y seguridad.

Por otro lado, Carlos Amador, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrí­colas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), indica que «Guatemala puede estar satisfecha de que una situación extrema, que generó tanta incertidumbre, fue superada a través de un proceso adecuado de investigación y de que los actores mantuvieron la calma».

Amador señala que a su parecer, a raí­z del hecho la sociedad guatemalteca se unió «como nunca antes se habí­a unido, para exigir justicia y un fin a la impunidad», lo cual dejó también organizaciones cí­vicas y sociales que ahora son realmente activas.

INVESTIGACIONES

En cuanto a las investigaciones, el presidente del Cacif indica que la participación de la CICIG fue determinante en el desarrollo de las pesquisas, a las cuales se debe la aclaración del caso y la vuelta a la normalidad del paí­s.

Por su parte, Pop indica que este es un tema que «ya no genera muchas discusiones en la sociedad guatemalteca y a un año, lamentablemente no se ha terminado de aclarar».

Aunque se aclaró buena parte de los hechos que giran en torno al caso Rosenberg, «ahora falta la parte de justicia y allí­ aún tenemos grandes limitaciones», refiere Pop.

Rodenas opina de la misma manera, pues indica que el sistema de justicia ahora debe apresurarse a esclarecer totalmente el hecho y a deducir las responsabilidades a través de un proceso judicial.

La opinión del entrevistado es que «de alguna manera» se dio un fortalecimiento en la institucionalidad democrática del paí­s, pues se puede determinar que «sí­ existe la independencia de poderes y se logró hacer una investigación adecuada, en la que el Ejecutivo pudo respetar los procesos indagatorios».

Refiere también que el Ministerio Público tuvo a la vista un claro ejemplo de cómo realizar investigaciones serias, lo cual debe ser una lección para el ente investigador.

LAS DISCULPAS

Entre tanto, Colom dice sentir «pena» porque únicamente ha recibido una disculpa, luego que fuera señalado como el autor intelectual del asesinato de Rosenberg y de que varios grupos exigieran su renuncia de la Presidencia.

Sin embargo, a decir de los entrevistados, es más importante aclarar todos los pormenores de lo sucedido y relegar a un segundo plano los aspectos polí­ticos que se derivan del caso.

Para Pop, este caso debe enseñar a madurar a varios sectores sociales, pues en reiteradas ocasiones se faltó el respeto al derecho a la presunción de la inocencia del mandatario y otras personas que recibieron serias amenazas en su contra, que no fueron del todo fundamentadas.

«Yo reconozco que hubo una falta de respeto, y me parece que nos da la lección de que no tenemos que ser tan aventurados en nuestras apreciaciones y nuestros criterios, pero más allá creo que no deberí­amos ahondar más en el asunto», dice Pop.

El analista también indica que las organizaciones que solicitaron la renuncia del Presidente deben discutir si se le ofrece o no una disculpa «formal», al mandatario, pues señala que existieron deficiencias en múltiples manifestaciones de rechazo al mandatario, incluyendo la manera en que una periodista de la cadena televisiva CNN entrevistó a Colom.

Por su parte, Nery Rodenas, indica que al iniciar con la acusación, «que hizo temblar al sistema democrático», algunos grupos se «precipitaron», sin tener mayores elementos de prueba, a exigir la renuncia de Colom.

Sin embargo, el entrevistado señala que no se debe realizar una «disculpa oficial», pero sí­ indica que «todas las instituciones que con sus actitudes fomentaron acciones que socavaron el sistema democrático de Guatemala, deberí­an hacer por lo menos aclaraciones sobre el caso, quizá no una disculpa al Presidente pero sí­ una aclaración en todos los niveles».

Por otro lado, Amador indica que «el mensaje que muchos de los sectores estaban enviando (en las marchas), era una solicitud de justicia, de fin a la impunidad y ese es el mensaje que hay que valorar porque ha hecho que Guatemala dé pasos importantes en la búsqueda del fortalecimiento institucional», dice.

LA POSTURA OFICIAL

Del lado gubernamental, el vocero presidencial Giuseppe Calvinisti, señala que el hecho ha dejado como enseñanza que «la justicia no se debe confundir con una emoción o una reacción apresurada; sino que se debe aplicar de acuerdo a los procesos legales que se fundamentan en el sistema democrático» y en cuanto a esto, asegura que el Ejecutivo se siente satisfecho con los pasos que se han dado en las investigaciones.

«Esperamos que esto se resuelva pronto, para beneficio de todos, para que la justicia prevalezca, pero sabemos que eso toma tiempo y estamos pacientes a conocer el resultado de las investigaciones», señala.

En cuanto a las disculpas que espera el mandatario, Calvinisti señala que «cuando uno comete un error tiene que enmendarlo, darse cuenta de ese error y no volver a caer en él, esta es una lección para todos, tenemos que ser juiciosos, pero primero tiene que ser una disculpa a sí­ mismo por haberse equivocado», finaliza el funcionario.