El electo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tendrá que lidiar con la molesta herencia del escándalo de ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados por el Ejército como miembros de grupos ilegales, que se dieron en parte durante su paso por el ministerio de Defensa.
Una investigación de la Fiscalía al respecto contra Santos fue cesada por falta de pruebas. El ex comandante del Ejército, general retirado Mario Montoya, actual embajador de Colombia en República Dominicana, continúa bajo investigación, informó ese organismo el miércoles.
El escándalo se desató a fines de 2008 tras la noticia de la desaparición de 14 jóvenes civiles residentes en las cercanías de Bogotá, en Soacha, falsamente reportados por el Ejército como muertos en combates en el noreste del país.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional habían denunciado con anterioridad ese tipo de casos y pronto el tema se convirtió en una bola de nieve: como ministro de la Defensa, Santos ordenó una purga histórica del ejército, del que fueron retirados más de 30 militares, entre ellos tres generales.
Desde entonces, la justicia ha sabido de 2.355 víctimas (reportadas desde mediados de los años 80) y, hasta junio, la Fiscalía registraba 1.246 procesos contra uniformados.
Unos 1.200 integrantes de las Fuerzas Militares se encuentran vinculados a las investigaciones, de los cuales 234 ya fueron condenados.
Según defensores de derechos humanos, estas ejecuciones fueron potenciadas por una directiva del Ministerio de Defensa, en 2005, en la que se daba a entender que las bajas en combate serían compensadas con gratificaciones.
«El ministro Santos aplicó esa directiva, pagó y no tomó ninguna medida», acusa Agustín Jiménez, miembro de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos de defensa de los derechos humanos en el país andino.
Fuentes internas del Ejército señalaron que la directiva fue derogada por el gobierno al poco tiempo de expedida, pero militares procesados dijeron que los beneficios continuaron entregándose.
En Colombia, «los ministros no tienen inmunidad. Pueden ser investigados penalmente así como el presidente», explicó Jiménez, quien añadió que su organización demandará penalmente al presidente saliente ílvaro Uribe y a Santos, antes del sábado, fecha en que asume el gobierno.
Esa situación, «será el expediente más frágil o vulnerable del próximo gobierno», en el frente judicial internacional, considera por su parte el analista Juan Carlos Eastman, catedrático de las universidades Javeriana y Tadeo Lozano en Bogotá.
Incluso, dijo, los resultados de Santos en el ministerio de Defensa (2006-2009), cuando se propinaron los más duros golpes a la guerrilla de las FARC, «han quedado eclipsados (…) por el descubrimiento de los cruelmente denominados «falsos positivos»».
Analistas militares consultados por AFP, que pidieron reserva de sus nombres, atribuyen en alguna medida la composición de la nueva cúpula militar en Colombia a la decisión de Santos de bajar la presión sobre el Ejército por el escándalo».
«De alguna forma, designar como nuevo comandante general de las Fuerzas Militares a un almirante y no a un general del Ejército, como ha sido tradicional, es parte de ello», anotó una de las fuentes consultadas.
Mientras tanto Fernando Escobar, personero (ombusdman) de la población de Soacha, y quien denunció las desapariciones dando origen al proceso, dijo sobre el caso que «todavía no se han dado explicaciones oficiales».
Consideró que «de allí se pueden derivar dos tipos de responsabilidad, una política y una penal» contra funcionarios «que no asumieron controles efectivos para evitar esas situaciones».
Santos, por su parte, ha reiterado: «quienes tomamos las decisiones que acabaron con ese problema (de las ejecuciones extrajudiciales) fuimos el presidente Uribe, el comandante de las Fuerzas Militares y yo, como ministro de Defensa».
«El Gobierno actuó con toda determinación para corregir y acabar con un problema realmente horripilante. Fuimos los primeros en apoyar el proceso judicial para que se condenara a los culpables. Cerca de 200 militares están enjuiciados o en prisión», destacó el presidente electo.